¿Dónde está el hombre señalado de promover ‘autodefensas’ en el paro nacional?

Bogotá D.C.

Eduardo Molina Berrio, ingeniero industrial de 57 años con una anotación judicial por homicidio, fue capturado en flagrancia en medio de una operación de la Fiscalía y contrainteligencia militar, por ser el supuesto integrante de una red de tráfico de armas en el Ejército Nacional.

En la operación desarrollada en enero pasado se incautó en la oficina del lavadero de carros, propiedad de Molina Berrio, cerca de 200 cartuchos de diferentes calibres y algunos con punta hueca.

La Fiscalía General, por ahora, le imputó los presuntos delitos de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas en calidad de presunto coautor.

Además, Caracol Radio reveló en exclusiva las interceptaciones telefónicas a Molina Berrio y a su hijo Eduardo, un joven de 25 años que sería el socio del sargento (r) Johnny Moreno, uno de los principales compradores de municiones y granadas de la Tercera Brigada.

En las conversaciones que hacen parte del expediente, Molina Berrio habló con varias personas en mayo de 2021 para la organización de grupos de autodefensa en Cali, de la posible compra de su munición y el desembolso de dinero, entre 5 y 28 millones de pesos, para sus integrantes.

También se menciona la palabra ‘distrito’, al parecer, haciendo referencia a la Alcaldía de Cali, y se estaría confirmado que los civiles no usaron armas traumáticas, sino de fuego contra las manifestaciones.

A pesar del extenso material probatorio que expuso la Fiscalía, un juez de Cali le otorgó una medida de detención domiciliaria en el mismo lugar donde fue capturado en enero pasado y en el que, al aparecer, se recibía el material de guerra robado de la Tercera Brigada en la capital del Valle.

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La fiscal del caso, María Isabel Zamara, indicó que el juez olvidó todo el contexto al determinar que no hubo gravedad en la conducta de Molina Berrio. “Nos demoramos bastante para que el juez pudiera leer los elementos probatorios de la fiscalía para que diga ahora que no hay”, señaló.

“Se olvidó entonces el señor juez de esas interceptaciones, de que a ese local comercial es donde llegaba la munición que sacaban del batallón. Entones van a decir que él no vio, que el señor Molina Berrio nunca vio lo que su hijo hacía. No, si ahí está en las interceptaciones telefónicas”, dijo la fiscal defendiendo la investigación.

“No estamos frente a un ciudadano común y corriente. El señor Molina no actúa ni como usted ni como yo ni como los abogados ni como el resto, es una persona que estaba organizando para esa época grupos armados para repeler la acción, ahí lo dice, de los ‘indios’ y de los de Primera Línea. ¿Eso qué es? Se llama autodefensas, doctor”, le manifestó Zamara al juez.

“Se ha olvidado el señor juez del informe de las interceptaciones de comunicaciones. Discúlpeme, pero todos vivimos y padecimos la conflictividad social. Todos la padecimos, a todos los indígenas nos cerraron las vías y nos dejaron prisioneros”, dijo molesta la fiscal del caso.

María Isabel Zamara dijo que el juez tuvo la capacidad para corregir la imputación que la Fiscalía hizo contra Molina Berrio, “pero no tuvo la capacidad para discernir y encontrar que en esa conducta hay riesgo para la seguridad de las personas que habitamos esta ciudad”, aseguró.

La fiscal detalló que Molina Berrio desde el año 2020 venía delinquiendo y siguió cuando empezó el estallido social. “Esta captura en flagrancia se presenta en 2023, tres años después, se deduce que hay posibilidad que continúe con esa actividad delictiva”, advirtió Zamara.