Justicia

Fiscalía imputó cargos a dos exgobernadores por el caso “Robo del Magdalena”

Se trata de los exmandatarios Rosa Cotes de Zúñiga y Luis Miguel Cotes a quienes la Fiscalía investiga por presunta corrupción en contratos

Imagen de referencia de corrupción. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de corrupción. Foto: Getty Images / Photographer: Maria Jose Roda Garcia

Judicial

Ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos a los exgobernadores Rosa Cotes y Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, investigados por el denominado caso “Robo del Magdalena” por el extravío de más de $73 mil millones de los recursos públicos entre los años 2013 y 2019.

A los dos exgobernadores les imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

En el caso del exgobernador Miguel Cotes, la Fiscalía dice que hay evidencia que durante su mandato se produjo un peculado por más de $28.400 millones.

Y la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, la Fiscalía atribuye que durante su gobierno se registró un peculado por más de $47.900 millones.

Ambos casos están relacionados con contratos irregulares la ‘Vía de la Prosperidad’ que pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de18 kilómetros.

LOS CONTRATOS QUE INVESTIGA LA FISCALÍA

El contrato que suscribió Luis Miguel Cotes, el 4 de octubre de 2012, en su condición de gobernador, para el mejoramiento de la vía Palermo-Sitionuevo-Remolino-Guáimaro, en el que se encontraron incrementos patrimoniales sin sustento y presuntas anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.

Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor.

El ente judicial identificó también en el periodo de RosaCotes, (2016-2019) tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad por un valor de $1.023 millones, con un trámite contractual que se hizo de manera directa y sin concurso de méritos, con una empresa que se habría apartado del objeto definido y sin consultoría.

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