¿No logró el cierre financiero para la compra de vivienda?

Ibagué

Es frecuente por estos días escuchar hablar de la preocupación que existe entre los compradores de vivienda de interés prioritario y social por lo que se denomina el cierre financiero, paso que se ha complicado por la falta de subsidios y el desface que generó el aumento del 16% en el salario minino, valor al cual va atado el costo del inmueble.

Por ejemplo, un apartamento de interés social que en el 2022 costaba cerca de $135 millones (135 SMLMV) paso en el 2023 a $156 millones aproximadamente, valor que se sale del presupuesto de algunos hogares por lo que deberán desistir del negocio.

Caracol Radio consultó a la abogada Angela Bejarano Daza, especialista en derecho comercial, con especialización de derecho de empresa y con maestría en derecho económico que explicó que debe hacer un colombiano si esta pasando por este momento, en el que el sueño de tener casa propia se está convirtiendo en una pesadilla.

“Es muy importante que cuando se suscriban contratos de compraventa se lean los detalles de cada una de las cláusulas, entre las que se destaca la modificación de precios, por eso las constructoras deben dar una información precisa de lo que está sucediendo a cada uno de los clientes”, dijo Bejarano.

Otro punto importante que ha golpeado este segmento, como a todo el sector de la construcción, son los incrementos en los materiales e insumos producto de la inflación y algunas variables internacionales.

“A través de la ley 1480 el legislador obliga a estas constructoras a dar una información clara, precisa y suficiente en la etapa de preventa y en las etapas contractuales, en algunos casos ofrecen cronogramas de obras, pero no se cumplen o nunca se entregan, por eso la Superintendencia de Industria y Comercio podría sancionar”, sostuvo.

Para Bejarano, uno de los grandes problemas que se presenta entre los consumidores inmobiliarios es que no se lee la letra pequeña de los contratos donde se encuentran las cláusulas.

“En algunos casos se ponen cargas exorbitantes a los consumidores o hacen que las personas renuncien a derechos, todo ese tipo clausulas podrían declarase inexistentes jurídicamente”.

Si un ciudadano se encuentra en esta situación, la recomendación es acercarse a la casa de protección del consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez civil municipal para instaurar las denuncias respectivas que le permitan poder recuperar el dinero.