Orden Público

Minas antipersonales en los árboles: una tenebrosa práctica en aumento

La instalación de estos artefactos explosivos puede hacerse en solo una hora y ha afectado a más civiles que a miembros de la fuerza pública.

La apuesta es desminar el territorio nacional en 2025. (Colprensa-Sergio Acero) / Sergio Acero

Hasta el año 2016, Colombia era el segundo país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas de Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra y el primero en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública. Actualmente ocupa el sexto lugar en el mundo de víctimas.

Es la única nación de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas en medio del conflicto, como un instrumento para generar terror e impedir la avanzada del Ejército y sembrar zozobra entre la población civil.

Cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz indican que en Colombia hay 12.170 víctimas de minas registradas entre 1990 y 2022 y las cifras demuestran que esta sigue siendo una problemática vigente.

Por ejemplo, a inicios de diciembre, en la vereda de Santo Domingo, en el municipio de Tumaco, en Nariño, tres campesinos fueron víctimas de explosivos que habrían sido instalados por grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico en el Pacífico Nariñense. En el lugar, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules ubicó 10 minas antipersonal y una granada de mano que pertenecería a las disidencias de las Farc.

En el Meta, de acuerdo con cifras del Ejército Nacional, a noviembre de 2022 se habían desactivado 4139 artefactos explosivos, seguido de Norte de Santander (303), Cauca (295), Antioquia (120), Nariño (116), Chocó (104), Guaviare (82), Bolívar (64), Caquetá (63), Putumayo (41), Arauca (39), Valle del Cauca (31), Risaralda (4), Vaupés (3), Córdoba (2), La Guajira (2), Boyacá (1), Casanare (1) y Cundinamarca (1) para un total de 5.411 desactivaciones de minas.

Lejos de terminar una de las prácticas más terribles que ha tenido el conflicto en Colombia, la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados está más vigente que nunca y siguen causando estragos en las regiones.

Cifras de víctimas de minas antipersonales . Foto: Colprensa

Cifras de víctimas de minas antipersonales . Foto: Colprensa

Una práctica atroz

Las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘Clan del Golfo’ han perfeccionado una tenebrosa práctica en las montañas de Colombia: están colocando minas en las copas de los árboles, camufladas entre las ramas y la maleza, a una altura de 1.60 y 1,70 metros.

El objetivo para instalar esos artefactos y esconderlos lejos de la tierra, como se hace de manera habitual, es que las minas exploten a la altura del rostro y en el tronco de las víctimas, en donde se encuentran los órganos vitales, para generar un mayor daño.

El teniente coronel Gerson Yohanny Rincón Morantes, jefe del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos e Improvisados y Minas (CENAM) del Ejército Nacional, explicó a Caracol Radio que las minas en los árboles, aunque no son novedosas, se están extendiendo en el país y se diferencian a las instaladas en la tierra, por el daño que causan a las víctimas.

“Las minas en los árboles pueden generar una amputación en las extremidades superiores y una afectación que genera un impacto visual mayor. Las lesiones ocasionadas generan más angustia y dolor y un daño emocional mayor, no solo para las víctimas, sino para sus familias y el personal de socorro que las atiende”.

Los artefactos son instalados por tensión con un hilo de cirugía que es extremadamente delgado, que de acuerdo con el teniente coronel no brilla y “lo ubican a una altura muy bajita, para que la bota se lo lleve o muy alta para que se enganche en el equipo del soldado y explote”.

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El jefe del CENAM explica que esta práctica se incrementó exponencialmente una vez culminado el proceso de paz con las Farc en el año 2012 y aclara que estas minas no son un invento de las disidencias, pues las copiaron de la llamada guerra de guerrillas, que tuvo un capítulo especial en la guerra de Vietnam (1955-1975).

“Estas minas, en los árboles, aplican el mismo sistema que las instaladas en tierra. En este caso cuentan con un sistema de tensión que se activa por presión o por algún roce con la cuerda”, indica el experto en explosivos.

Esta táctica de guerra hace que las labores de ubicación de minas y campos minados tome más tiempo para dar la entrada a un terreno a los erradicadores de matas de coca, porque ahora deben verificar la presencia de los explosivos en tierra y paralelamente, hay que buscar en los árboles y maleza, proceso que básicamente se basa en la agudeza visual y experiencia del personal.

Adicionalmente, se han cambiado las dinámicas de la guerra, pues los grupos ilícitos evitan las confrontaciones y acuden a los explosivos para mayor control de las zonas cercanas al mar y a las fronteras, en donde se exporta la droga.

Los civiles, los más afectados

Mariany Monroy Torres, coordinadora del grupo de Acción Integral contra Minas de la Oficina del Alto Comisionado para la paz, explicó a Caracol Radio que los civiles son quienes más sufren con las instalación de artefactos explosivos en el país.

“Hasta noviembre de 2022, tenemos registro de 104 víctimas, de las cuales el 55% son población civil. Esto quiere decir que, 58 víctimas han sido campesinos o indígenas y 46 víctimas son de la fuerza pública”, indica la funcionaria. De las 104 víctimas, 5 perdieron la vida (4 civiles y un militar) y resultaron afectados 8 menores de edad.

La funcionaria asegura que las zonas con prevalencia de afectación son el Meta, Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Santander, Caquetá, Córdoba, Arauca, el sur de Bolívar, Guaviare, Putumayo y el Valle del Cauca.

“En estos lugares se realizan campañas y actividades de educación en el riesgo. En lo que va corrido del año se han realizado 7.292 actividades de educación en las que se han beneficiado 78.264 personas. Estas actividades han sido realizadas por 30 organizaciones que trabajan alrededor del país y se han realizado en 232 municipios de 26 departamentos”, asegura Monroy.

A pesar de que los firmantes del acuerdo de paz han participado en el programa de suministro de información y a la fecha han entregado 87 puntos en donde hay posibilidad de que haya minas antipersonales, solo uno de esos puntos se ha identificado positivamente con presencia de minas: en Chaparral, Tolima. Las demás zonas están en verificación, porque no se tienen actividades de desminado humanitario.

Así mismo desde la Oficina del Alto Comisionado para la paz, la funcionaria revela que actualmente hay 134 municipios que no tienen las condiciones para ser intervenidos y no se pueden realizar actividades de desminado humanitario, pues no ofrecen las garantías para mantener actividades sostenibles y que garanticen la seguridad del operador o la comunidad.

¿Cómo evitar ser víctima de una mina?

El uso de este material explosivo obedece a la dinámica de conflicto y son ubicadas en lugares en donde se presentan economías ilegales, con presencia de cultivos ilícitos y corredores estratégicos de droga, para evitar la avanzada del Ejército en actividades de control.

La recomendación de las autoridades es no utilizar trochas en los recorridos, ir por lugares en donde la comunidad permanentemente está transitando, no recoger objetos extraños, no ubicarse en lugares en donde ha habido presencia de actores armados y estar pendiente de los cambios en la vegetación y la tierra de la zona.

El teniente coronel Rincón Morantes, asegura que “el daño que puede causar una mina se calcula de acuerdo con el tipo de cantidad de explosivo empleado. En las montañas encontramos artefactos con cargas dirigidas y con contenedores o artefactos de acción sobre los 360 grados y se activan por contacto o radiofrecuencia, con cables de mando o temporizadores, por lo cual identificarlos es una tarea de sumo cuidado”.

El experto agrega que para más letalidad a los explosivos también se les coloca lo que se conoce como ‘metralla’, es decir, tornillos, puntillas e inclusive heces, que buscan que las heridas lleguen a gangrenarse.

Realizar estos dispositivos a los delincuentes no les cuesta más de 20 mil pesos, pero al Gobierno nacional le cuesta hasta 1000 millones de pesos poder desactivar estos artefactos. Una víctima para el Estado es incalculable”, dice el oficial.

En el año 2021 se realizaron 5.200 neutralizaciones de minas y a corte de noviembre de 2022, 7623, lo que quiere decir que están colocando más artefactos en el país y estos grupos al margen de la ley quieren garantizar sus economías ilícitas a toda costa.

El mensaje a la ciudadanía es que cuando miren algún elemento extraño, con pitas, jeringas o que estén abandonados, no los manipulen e informen a la unidad militar más cercana. Un celular, una cantina de leche, galones de agua, tarros de pintura, bolsas, cajas llenas de mercado, o cualquier elemento raro en el monte, es mejor desconfiar. Para eso estamos nosotros”, dice para cerrar el teniente coronel.

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