UNESCO: “Las leyes de difamación vulneran la libertad de expresión periodística”
La presión jurídica se ha vuelto un arma utilizada por distintos sectores para presionar a los periodistas a que dejen de investigar según un reciente informe.
Libertad de prensa(Getty Images)
En un reciente estudio publicado por la UNESCO se alerta un retroceso a nivel internacional en el proceso de la despenalización de la de la difamación penal y civil y de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs), lo que supone un riesgo para la libertad de expresión periodística por medio de la mala utilización del sistema judicial para atacar a periodistas.
160 países, es decir, el 80% de los países del mundo, siguen penalizando la difamación, pese a las recomendaciones por parte de las normas internacionales desde el punto de vista de la protección de la libertad de expresión periodística.
El informe resalta además que en los últimos cinco años se han aprobado nuevas leyes en diversos países que “contienen un lenguaje demasiado vago o castigos desproporcionados, poniendo en peligro la libertad de expresión en línea y la libertad de los medios de comunicación”.
“El verdadero objetivo de las SLAPP no es ganar un caso judicial, sino abrumar al demandado mediante procedimientos judiciales prolongados, costes excesivos -incluso con riesgo de quiebra- y la carga psicológica correspondiente”, asegura el informe.
En cuanto a esta percepción por parte del organismo internacional a nivel de la región, la información aportada por la UNESCO muestra que la difamación persiste en 29 de 33 estados en América Latina y el Caribe, siendo los periodistas y blogueros los más atacados con estos mecanismos.
Por esta razón la UNESCO pide a los estados que deroguen las leyes de difamación y las sustituyan por una legislación de difamación civil, las cuales son las recomendadas a nivel internacional para no dar paso a ataques que vayan dirigidos a la libertad de prensa.
¿Cuál es la realidad de difamación contra periodistas en Colombia?
En nuestro país la situación parece ser muy similar a lo enunciado por la UNESCO. Según Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, la cifra de periodistas que han recibido una presión judicial ha ido en aumento en los últimos cinco años, donde incluso cada año logra doblar la cifra del anterior.
“En Colombia hay una estrategia por parte de algunos actores políticos y abogados que han silenciado por presión a periodistas y medios de comunicación, instalando medidas legales aduciendo injuria y calumnia. Cuando hablamos de esto, decimos que son instrumentos legales que se interponen sin justificaciones”, dice Bock.
Estos casos según el director de la FLIP corresponden a periodistas que dicen ser denunciados sin ningún argumento, en procesos que pueden durar años y sin un recurso económico para defenderse.
Además, dice que esta situación va en contravía de lo que se ha demandado desde instancias internacionales. “En Colombia son cinco años de cárcel para quien incurra en injuria y calumnia, y son recursos que se hacen para torpedear la labor investigativa que realizan los periodistas”, concluye.
