Acuerdo gobierno-Fedegán, ¿hay alternativas a la compra de tierras?

En Hora20 una mirada al acuerdo entre el gobierno nacional y Fedegán para comprar tres millones de hectáreas de tierra y así avanzar con la reforma agraria, se habló de los retos, de los obstáculos y de las alternativas a este acuerdo. Después daremos una mirada a la polémica generada tras la solicitud del gobierno de revisar el inventario de la SAE. Por último, la reacción del gobierno al fenómeno climático del fin de semana y una opinión a un nuevo hecho de violencia contra un menor de edad.

Se estima que entre el 60 y el 81 por ciento de la tierra en Colombia está en manos del 1 por ciento de la población, cifras que demuestran la desigualdad en el acceso a la tierra, un problema que para este gobierno es una prioridad y que arrancaría a resolverlo con un acuerdo entre el gobierno y Fedegán para la compra de tres millones de hectárea de tierra. Un acuerdo plagado de detalles como el rol del Agustín Codazzi y la UPRA para determinar capacidad productiva y valor de la tierra, así como garantizar que no haya problemas en la legalidad y procedencia de los títulos de la tierra que el Estado eventualmente compraría. Se calcula que este componente junto con otros de la reforma agraria como al asistencia técnica y financiera podría costar unos $60 billones de pesos, un impacto fiscal que el gobierno nacional empieza a calcular.

Por otro lado, está el protagonismo de los ganaderos como grandes poseedores de la tierra, aunque estos no serán los únicos vendedores de tierra, sin embargo, que el hato ganadero del país estaría sobre los 37 o 39 millones de hectáreas, de ahí la importancia del acuerdo con los ganaderos, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que los separan del gobierno actual. Este acuerdo, que ha sido catalogado por las partes como histórico, tiene críticas. Por un lado, se ha dicho que el Acuerdo de paz habla de recuperar parte de la tierra “mal habida” como lo dijo el senador de la Calle y no solo de comprarla. Otros han hablado de la necesidad de acudir a leyes como la 200 de 1936 sobre la extinción de dominio cuando la tierra no cumple con su fusión social, como el experto Alejandro Reyes, así como de la importancia de los baldíos y de los bienes en poder de la SAE para por fin lograr la tan anhelada y esperada reforma agraria que ponga fin a una de las partes que causó el conflicto armado en el país.

Lo que dicen los panelistas

Para Viviane Morales, exfiscal general de la nación, exembajadora, exsenadora de la república y columnista en El Tiempo, el acuerdo es la gran paradoja, que gobierno de izquierda ofrezca mejor negocio a los ganaderos, sus opositores, “más allá de lo simbólico, hay que ir despacio. El Acuerdo de La Habana hablaba de varios mecanismos y el último era la compra. Dice que fondo de tierras que dispone de 3 millones de hectáreas, extinción de dominio, baldíos y por último compras”. Resaltó que es importante establecer a quién se le va a entregar la tierra y cómo se va a adjudicar, “que no haya grandes favores para mantener un partido en el poder”.

Sobre asuntos como la extinción de dominio, planteó que se han hecho varias leyes para favorecerla a nivel temprano porque son procesos de nunca acabar con un bien secuestrado y que no produce, “Fiscalía es quien maneja procesos de extinción de dominio, se debe rendir cuentas y ver qué es lo que tiene la SAE que debe hacer parte de esta reforma agraria”.

Mauricio Velásquez, profesor en la Escuela de gobierno de la Universidad de los Andes, doctor en Ciencias Políticas, abogado y asesor en formalización de baldíos, planteó que comprar tierra no es más fácil que adjudicar baldíos, pues destaca que se va a necesitar perito predio a predio. Frente a los cálculos del gobierno dijo, “500 mil hectáreas por año son predios de 10 hectáreas son 50 mil predios comprados al año y el país no conoce eso”, haciendo referencia a la capacidad institucional. Resaltó que en el gobierno anterior se adjudicaron 500 mil hectáreas, “la ANT con $300 mil millones de presupuesto por año, en 4 años son $1.2 billones”, en ese sentido, la hectárea en el modelo en este momento es $2,4 millones, “no tiene sentido que en vez de multiplicar tamaño de ANT, nos gastemos $20 millones por hectárea. No me hablen otra vez de fiducia para hacerlo eficiente porque eso es saltar a abismo de riesgo de corrupción”.

Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, resaltó que el acuerdo es hito político por costos de oportunidad, “porque es fortalecer capacidad de administrar estos acuerdos por parte del Estado” y advirtió que se envía mensaje político de solución a los problemas sociales, pues destaca que el Estado no ha demostrado respuestas oportunas y capacidad de solucionar problemas.

Por otro lado, dijo que hay un costo de transacción, “siempre he escuchado extinción de dominio y necesidad imperiosa de quitar dominio no solo a quienes no tienen función social de tierra, pero eso es una expectativa; es algo que no ha llegado a ningún lado”, pues dijo que se necesita una respuesta inmediata y entrega de tierras a muchas personas que tienen necesidad de explotar la tierra.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC y exviceministro de Defensa, tanto el gobierno como Fedegán le apunta a una gran carambola. “Desde la SAC vemos otros mecanismos que permitiría cumplir el Acuerdo de La Habana”, pues plantea que la ley debe ser clarificada, pero que herramientas como la extinción de dominio generaba preocupación porque puede convertirse en abusos, “pero viene tema adicional en acuerdo firmado en asuntos como títulos de deuda”.

Agregó que la iniciativa es poderosa desde lo político, pero que, cuando se mira el acuerdo y el involucramiento de IGAC, es algo que no pasa de la noche a la mañana, “la meta de 500 mil hectáreas año, eso es mucho más lento”.

Para Alejandro Reyes Posada, abogado, investigador, experto en asuntos de tierra y control estatal del territorio y columnista en El Espectador, la compra de tierras es la tercera opción con la que cuenta el país, “la primera opción, si hay voluntad política es extinción de dominio de tierras improductivas. Segundo, recuperación de baldíos indebidamente titulados”, pues explica que quien no tiene derecho en ley, no lo puede alegar ante el Estado cuando se quiere recuperar. Resaltó que hoy el hato ganadero está entre 26 y 30 millones de cabeza en 39 millones de hectáreas, “las vacas en esas hectáreas no son tanta industria ganadera productiva, sino que son una valorización de tierras cubierta”.

“¿Quiénes son las dos personas más felices en Colombia por esa oferta? el presidente Uribe y el presidente de Fedegán, Lafaurie. Aparece gigantesco comprador que dinamiza mercado de tierra y permite capturar renta y ponerlo en bolsillos de propietarios”, planteando que podría ser mejor hacer la paz haciendo justicia social como lo prevé el derecho agrario con herramientas como la ley 200.

Por último, dijo que este acuerdo es un regalo permite neutralizar oposición del Centro Democrático a la restitución de tierras, a la reforma agraria y con lo cual crea una nueva frustración, “el sistema administrativo para derechos de propiedad de tierra es muy ineficiente”.