¿Hacia dónde debe dirigirse la política en seguridad del nuevo gobierno?

En Hora20 una mirada a la seguridad en el país, las estrategias que busca impulsar el nuevo gobierno y los desafíos que tiene la Fuerza Pública para enfrentar la criminalidad tanto en los centros urbanos como en lo rural. Se analizó la necesidad de una ley de seguridad; los planteamientos de una seguridad humana como concepto en medio de la estrategia. Una mirada a los ceses bilaterales y multilaterales entre organizaciones armadas, de crimen organizado y política criminal. También una mirada a lo que viene pasando en las ciudades y al rol de la Fuerza Pública en medio de estos desafíos.

De la comisión de masacres y la responsabilidad de los militares, de una visión de seguridad humana, de contar el éxito no en bajas ni en hectáreas de coca erradicadas, sino en el número de vidas protegidas y estándares de desarrollo en las zonas de conflicto, hace parte de la visión del gobierno de Gustavo Petro en términos de política en seguridad, una política que se encuentra de frente con otra iniciativa de la administración Petro, la de una “paz total” con la multiplicidad de organizaciones armadas que hay en el país y que van desde guerrillas como ELN, con el cual ayer se anunció el reinicio de la mesa de conversaciones; pasando por organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias hasta llegar a las llamadas “oficinas” que operan en las principales ciudades del país.

Un panorama que se enfrenta a complejas condiciones de seguridad, el Comité Internacional de la Cruz roja ha dicho que el país tiene seis conflictos armados activos; según la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado, Colombia ocupa el segundo lugar en el número de organizaciones y mercados criminales en todo el mundo. Solo este año van 135 líderes sociales asesinados; 84 masacres, diez más que en el mismo periodo del 2021 según Indepaz; un registro de más de 6 mil casos de extorsiones según la Policía Nacional y dinámicas locales de violencia como las disputas por rutas y control de economías ilegales entre las propias organizaciones armadas. Este cúmulo de problemas son parte de un escenario, en el cual organismos como Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dicho que es necesario un cambio en la manera como se aborda la política en seguridad, la operatividad de instituciones como la Policía, la actualización de protocolos, el cambio de doctrina y una visión que acerque a la institucionalidad a las comunidades con el fin de generar confianza. Un proceso que queda ahora en manos de un nuevo gobierno que tiene como fin abordar una “seguridad humana” que aborde y trate de resolver los problemas de violencia en el país

Lo que dicen los panelistas

Para María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, el gobierno propone un viraje y visión distinta de la seguridad, por lo menos de lo que vimos en los últimos cuatro años. “Seguridad enfocada en protección de población y ciudadanía, no en que se va a controlar actividades criminales”, pero plantea que hay confusión de paz total porque esto va más allá de apuesta de cese al fuego, “en lógica de ceses, se intuye que se busca espacio de desescalamiento de presión violenta”, sin embargo, plantea que se debe preguntar qué viene después de desescalar violencia y “ahí es donde gobierno intenta construir concepto de seguridad humana”.

Agregó que es necesario un esfuerzo en materia de inteligencia y judicial, pues destaca que hay un asunto de capacidad de Fiscalía y aparato judicial para hacer grandes investigaciones y juicios.

Gustavo Duncan, experto en temas de narcotráfico y conflicto armado, doctor en Ciencias Políticas, profesor en la Universidad EAFIT y columnista en El Tiempo, planteó que hay una transición entre antiguos ejércitos, contrainsurgencia y un mínimo de doctrina a algo de crimen organizado, que se difunde de manera más progresiva, “hay agravante en este crimen que no está relacionado con tráfico de droga”, señaló ante la existencia de otras economías ilegales como la extorsión.

Destacó que en medio de este proceso de paz total es complejo que no se presente un reciclaje de violencias, pero cree que eso no debe ser un obstáculo para que se avance en el proceso de diálogo.

Alejandra Cerón, socióloga, doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y docente en la Escuela Superior de Guerra, manifestó que sí hay innovación en el discurso del ministro Velásquez en dar un giro hacia la vida, “esta innovación tiene que armonizar con precedentes en seguridad y defensa en el país”, aunque destacó que se tendrá que dar un espacio para la reorganización en medio de los ánimos de cambio.

“Hay zonas del país que no están sujetas sola a dinámicas locales, hay presencia transnacional, en esa medida si otras políticas no juegan con desarrollo u protección, nos volvemos a encontrar a escenarios con nuevos protagonistas”, por lo tanto, destaca que la integralidad de las políticas es necesarias ante la presencia de organizaciones transnacionales, “hay macroestructura criminal en capacidad financiera que está pensada hacia mafias transnacionales; ahí hay dificultad porque donde hay incapacidad de financiarse, habrá apoyo de capital transnacional criminal”.

Para Hugo Acero, sociólogo, exsecretario de seguridad de Bogotá y columnista, en el juego de paz total del gobierno Petro, se incluye el cese unilateral o multilateral que supone no disparar, pero otras actividades seguirían, “no se habla de cese de que no siguen delinquiendo”, pero asegura que sería oportuno de un cese que comprometa a estas organizaciones a no seguir delinquiendo y que no sea solo el no uso de armas.

También comentó que, en una política de paz total, también es necesaria la seguridad, “supone un Estado que tenga respuesta a distintos hechos delincuenciales de organizaciones criminales que estarán en este proceso de paz total”.