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Afinia dio a conocer listado con mayores deudores en Bolívar

Dos entidades deben cerca de 8.240 millones de pesos por concepto de energía

Colprensa

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Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, dijo que se esmera en cumplir con todos los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional para optimizar la calidad del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

De la misma manera, gestiona la deuda de los clientes oficiales teniendo en cuenta que a través del pago oportuno del servicio de estos grandes consumidores la compañía podrá contar con los recursos necesarios para ejecutar las inversiones que el sistema de distribución de energía de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y el sur del Magdalena requieren.

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Dentro de la lista de clientes grandes consumidores oficiales con mayores deudas en el departamento de Bolívar se destaca la E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo de la ciudad de Cartagena, entidad que adeuda a la fecha alrededor de 2.404 millones de pesos.

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El Gerente de Afinia en Bolívar Norte, Eder Buelvas, aseguró que “se cumplen más de dos años sin recibir pagos o abonos a la deuda por parte de esta entidad, pese a los incansables esfuerzos y gestiones que se adelantan. Por tanto, hacemos un llamado al representante legal de este centro de salud, Tomas José Rodríguez Manotas, para que cumpla con las obligaciones de ley adquiridas con la empresa, asimismo, al gobernador, Vicente Antonio Blel, en su calidad de presidente de la junta directiva de esta entidad”.

Por su parte, en el sur de Bolívar se destaca la deuda oficial del municipio de Pinillos, que supera los 5.836 millones de pesos. Este ente territorial siendo un usuario significativo, “no realiza pagos en la mayoría de sus contratos por concepto de energía desde el año 2015; estos niveles de morosidad ameritan un llamado especial al alcalde, Alcides Gulloso García, para que articule las acciones necesarias en el cumplimiento de las obligaciones legales e inherentes a su función administrativa”, expresa Afinia.

Entidades oficiales como hospitales, acueductos, instituciones educativas, están constitucionalmente protegidos por lo que no han dejado de recibir el servicio de energía, sin embargo, la terminación del contrato del servicio es el mecanismo legal ante los incumplimientos del pago del servicio.

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