Las 5 sugerencias de HRW a Gustavo Petro sobre su “paz total”

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus y Juan Pappier, investigador senior de HRW, enviaron una carta al gobierno de Gustavo Petro en la que resaltan que si la política de “paz total” se implementa correctamente puede lograr importantes avances en aspectos de derechos humanos en poblaciones históricamente víctimas de la violencia.

Con la meta de que esta política sea exitosa y logre reducir el desplazamiento forzado, masacres, homicidios y confinamientos, HRW destaca cinco puntos a tener en cuenta por el gobierno de Petro:

Rediseñar las políticas de seguridad para garantizar la protección civil

HRW resalta que las políticas de seguridad establecidas durante el gobierno de Iván Duque “no garantizaron los derechos humanos en zonas remotas de Colombia y permitieron que los grupos armados ampliaran su control territorial” por lo que debe rediseñarse la política de seguridad para garantizar la protección civil y el desmantelamiento de grupos ilegales.

Ese cambio debe incluir un fortalecimiento del sistema judicial y garantías de que el éxito del trabajo de las fuerzas de seguridad “se basen en asegurar un control territorial efectivo, respetar los derechos humanos y prevenir abusos”, esto recordando que en el Acuerdo de Paz se establece que debe diseñarse una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Definir cómo y con quién negociar 

Para Human Rights Watch es clave que el gobierno colombiano tenga entre sus criterios saber si una negociación con un grupo armado asegura “los derechos de las víctimas y prevengan abusos” o si es preferible la aplicación de las leyes mediante el sometimiento u operaciones militares que se desarrollen cumpliendo el derecho internacional humanitario.

La ONG reconoce que en el país existen dos estrategias de cara a los grupos armados y son el sometimiento a la ley o negociaciones de paz y allí resalta que debe tenerse claro si negociar con grupos que previamente incumplieron acuerdos (FARC o Paramilitares) “crearía incentivos adecuados para que cualquier negociación futura sea tomada en serio”.

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HRW señala que el gobierno debe aumentar sus esfuerzos en reducir de forma permanente el poder de los grupos armados y el crimen organizado por medio de distintas medidas como investigaciones criminales enfocadas en desmantelar estos grupos y teniendo presencia estatal civil efectiva en regiones remotas que ayude a abordar las economías ilegales.

Entre estos esfuerzos se requiere implementar los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET) establecido en el Acuerdo de paz con las FARC. En este aspecto se resalta la necesidad de no duplicar o socavar lo pactado en 2016 con las FARC durante las negociaciones de paz con el ELN considerando que puede haber mecanismos que se repitan pese a que ni se han implementado.

Para atender las causas de la violencia se sugiere una política de drogas efectiva con enfoques alternativos que impidan que los grupos criminales corrompan a las autoridades, que implemente los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, que fortalezca las estrategias judiciales antidrogas para perseguir el crimen organizado y la corrupción asociada al narcotráfico.

Garantizar verdad, justicia, reparación y derechos de las víctimas

HRW destaca que el gobierno de Gustavo Petro “debe garantizar que todos los acuerdos cumplan con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de abusos graves e incluya condiciones adecuadas, como la verdad completa y la reparación a las víctimas, para los perpetradores que reciban sentencias reducidas”.

A su vez se pide que cualquier acuerdo con grupos armados tenga como mínimo cumplir con los requisitos establecidos en el acuerdo de paz con las FARC dado que, de ser estándares más bajos violaría las obligaciones internacionales de Colombia y podría causar que las FARC y Fuerzas Militares “dejen de colaborar con la Jurisdicción Especial para la Paz con la expectativa de ser incluidos en un acuerdo más favorable”.

Se sugiere que haya una entidad destinada a procesar un amplio número de “violaciones, perpetradores y víctimas” por lo que no podría ser la JEP dado que ya atiende numerosos casos. Esta nueva entidad resultante de la “paz total” tendrá que “investigar patrones más amplios de abusos y debería priorizar los procesos contra comandantes de alto nivel y sus redes criminales, incluidos funcionarios públicos o personas del sector privado” si es necesario.

Coordinación institucional para evitar fraudes a la “paz total”

HRW advierte que previamente hubo personas que fingieron ser parte de grupos armados para obtener beneficios ilegales durante desmovilizaciones por lo que debe haber un trabajo conjunto con entidades como la Fiscalía General de la Nación para verificar “exhaustivamente la identidad y los antecedentes penales de las personas que se desmovilizan. 

La ONG reconoce que este es un punto “desafiante el contexto actual de Colombia, puesto que existe un gran número de grupos armados que operan de forma fluida y difusa”.