Ante las víctimas las exFarc reconocerán su responsabilidad en secuestros
Durante tres días el último secretariado de las Farc asumirán crímenes de guerra y de lesa humanidad
Desde hoy y hasta el próximo 23 de junio en la biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, el último secretariado de las exFarc, deberán pasar del reconocimiento escrito, que presentaron en abril de 2021, al reconocimiento público de los hechos y conductas que halló la JEP cuando les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad por la política criminal de los secuestros.
Los siete comparecientes de la extinta guerrilla de las Farc se presentarán ante la justicia, las víctimas y el país para reconocer las órdenes que dieron de secuestrar a personas durante el conflicto armado, así como por su omisión de control de los malos tratos.
Las víctimas esperan la verdad total por parte de los integrantes de la extinta guerrilla, como es su compromiso al estar acogidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Tres patrones cimentaron la política de secuestro de las Farc para financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos, investigándola por su presunta cercanía a los enemigos de la guerrilla o controlando la presencia y acciones de empresas y funcionarios públicos.
Las víctimas acreditadas que intervendrán en la diligencia tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre lo que los siete imputados digan en sus intervenciones y exponer sus demandas de verdad. Las demás víctimas acreditadas podrán observar la diligencia y tendrán 15 días hábiles para entregar observaciones y demandas ante el reconocimiento.
QUÉ VA A PASAR EN LA AUDIENCIA
Los siete comparecientes podrán hacer público o no su reconocimiento de responsabilidad en los hechos imputados. A su vez, las víctimas acreditadas que intervendrán en la diligencia tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre lo que los siete imputados digan en sus intervenciones y exponer sus demandas de verdad.
QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA AUDIENCIA
Tras la audiencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad tiene tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz, que definirá la sanción a imponer a los imputados. Mientras el periodo se cumple, la Sala evaluará los reconocimientos del antiguo secretariado de las Farc, así como las propuestas de sanción propia que presenten los comparecientes y las observaciones de las víctimas a estas propuestas, y sus observaciones en los temas de la Resolución de Conclusiones.
En caso de que no haya reconocimiento, o respecto a los hechos que no fueran reconocidos, la Sala remitirá los procesos a la Unidad de Investigación y acusación (UIA) de la JEP.
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Los reconocimientos serán evaluados bajo tres dimensiones:
Fáctico: se busca que se cumpla el aporte a la verdad, tanto sobre su responsabilidad individual, como sobre lo que conozcan sobre los hechos y la configuración de la política criminal.
Jurídico: se refiere al reconocimiento de la gravedad de las conductas imputadas y que no son amnistiables.
Restaurativa: que pasa por reconocer los hechos, el daño causado y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes.
Si los comparecientes cumplen con el estándar de reconocimiento de la Sala y esta determina que aceptaron de manera satisfactoria su responsabilidad y aportaron verdad plena, exhaustiva y detallada, sus casos pasarán a la Sección de Primera Instancia en casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que adoptará la sentencia condenatoria e impondrá las sanciones propias a las que haya lugar.
Estas son las únicas sanciones que tienen componente restaurativo y reparador e implican restricción efectiva de la libertad para los comparecientes.
Si no reconocen responsabilidad ni aportan verdad, o lo hacen tarde, y son vencidos en juicio, los imputados serán condenados a las otras sanciones que impone la JEP y que van de 5 a 20 años de cárcel.
