Presidencia radica queja contra magistrados que ordenaron arresto a Duque
Asegura que se extralimitaron en sus funciones constitucionales.
Presidente Iván Duque. (Cortesía: Camila Díaz, Colprensa.)
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República pide a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionar a Carlos Orlando Velásquez, Mónica Jimena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña Mejía, magistrados de la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Ibagué.
Según argumenta, los togados incurrieron en una falta gravísima al ordenar cinco días de arresto contra el presidente Iván Duque por desacatar una orden de la Corte Suprema de implementar medidas de protección al Parque Nacional Natural Los Nevados.
En el documento de 14 páginas, asegura que el Tribunal podría estarse extralimitando en la forma en la que espera que se cumpla esa orden de la Corte Suprema de Justicia.
En efecto, va encaminada a la designación de un grupo especial de las fuerzas militares o de la policía que acompañe de manera continua y permanente las labores de conservación, manejo y protección en el Parque Nacional de Los Nevados.
Sin embargo, para la Presidencia, las pretensiones del Tribunal de Ibagué desdibujan la esencia de la orden dada por la Corte Suprema de Justicia y va más allá de lo requerido, sugiriendo que lo que debe hacer el Gobierno Nacional es la conformación de un batallón de alta montaña dedicado de manera exclusiva a esa zona del país.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia señala que el Tribunal de Ibagué “se empeña en desconocer que el grupo de la Fuerza Pública sí existe y no sólo cuenta con integrantes de las fuerzas militares, sino también de la Policía Nacional”.
Para la Presidencia, aquí lo que es claro es que los magistrados, “usurparon las funciones establecidas por la Constitución y la ley para la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y que la decisión tomada por ellos en el incidente de desacato, contrarió los principios establecidos en la norma superior”.
Señaló que la sanción impuesta al presidente Duque por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, además de ser arbitraria es inconstitucional, pues la Carta, la ley y la jurisprudencia no le ha conferido dicha facultad.
