366 casos de corrupción electoral están siendo investigados: Fiscalía
Francisco Barbosa dijo que actualmente de estos 366 casos por corrupción electoral, 7 tienen ya imputación de cargos y uno está en juicio.
Fiscal General de la Nación, Franciso Barbosa / Colprensa
A una semana de las elecciones presidenciales, el fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que actualmente hay 366 casos en indagación por corrupción electoral, de los cuales 7 tienen ya imputación de cargos y uno está en etapa de juicio.
Sin embargo, dio un parte de tranquilidad en el sentido de que la entidad no ha tenido por el momento información sobre posibles ataques cibernéticos contra el proceso electoral. Esto dijo el fiscal general:
"Desde la Fiscalía General de la Nación nos hemos preparado desde hace más de un año para los comicios electorales, tanto las legislativas como las que se cumplirán en los próximos días. En este sentido, en articulación con las demás entidades y organismos del Estado, hemos priorizado los municipios donde sabemos que hay presencia activa de grupos armados organizados o de grupos de delincuencia común", afirmó.
Y añadió: "Hemos dispuesto distintos canales de comunicación para reforzar el acceso de la ciudadanía a efectos de que nuestros funcionarios puedan atender casi que inmediatamente sus solicitudes".
¿Existen posibles alertas desde la entidad sobre ataques cibernéticos para las próximas elecciones?
El fiscal afirmó que a la fecha no se ha conocido acerca de alertas de posibles ataques cibernéticos que puedan vulnerar el proceso electoral. Sin embargo, el Cuerpo Técnico de Investigación, como Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, viene participando de manera articulada con el Gobierno Nacional en diversas instancias, como el Comité para la Seguridad Digital y el Puesto de Mando Unificado de Seguridad Digital, encargados del monitoreo continuo de los diferentes sitios web de la Registraduría Nacional.
Lo anterior con el fin de evaluar los riesgos de ciberseguridad para cumplir con la función constitucional y legalmente asignada a la entidad en la judicialización de eventos cibernéticos que revistan las características de delito presentados en el marco de las elecciones, enfocados en la vulneración de los sistemas electorales y del proceso democrático.
