Fue radicado proyecto de ley que busca poner fin a las “terapias de conversión”
1 de cada 5 personas LGBTIQ y una de cada 3 personas trans pueden llegar a ser sometidas a terapias de conversión.
Esta propuesta legislativa llamada “inconvertibles” busca poner fin a las terapias de conversión que cambian la orientación sexual de una persona. Según cifras oficiales, 1 de cada 5 personas LGBTIQ y una de cada 3 personas trans puede llegar a ser sometida a golpes, inmovilización durante días o a desnudarse con la excusa de ‘poder curarlas’ o ‘convertirlas’.
“Aquí no hay nada que curar; no hay nada que cambiar. Somos inconvertibles y somos orgullosos de los que somos […] El Ministerio de Salud deberá verificar que los centros de rehabilitación tenga formación en talento humano para garantizar que jamás vuelvan a discriminar, ni atormentar con el fin de cambiar nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual”, señaló el congresista Mauricio Toro, autor de la iniciativa.
Estas terapias también son denominadas como “Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género” (ECOSIEG). En Colombia, por ejemplo, la organización por los derechos LGBTI + All Out lanzó en octubre de 2021, una campaña para presionar la prohibición de estas practicas y 40.000 personas se unieron a través de firmas.
Ante este panorama, el proyecto tiene como eje central la prohibición de estos procedimientos en el territorio nacional, considerando que ningún factor será valido para que la salud mental sea vulnerada.
Puntualmente este proyecto prohíbe que cualquier persona ofrezca, publicite y practique estas terapias; prohíbe que se destinen recursos públicos para esta practica y ordena al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía realizar un protocolo de investigación criminal que priorice investigaciones de delitos cometidos por razones de discriminación a las orientaciones, identidades y expresiones de género diversas.
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Cabe resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado prohibir estas practicas por considerarlas una forma de violencia, y a su vez la Asociación Panamericana de Salud determinó que no funcionan, sino que, al contrario, atentan contra los derechos sexuales y reproductivos.
Este proyecto de ley deberá ser discutido en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, antes del 16 de junio.