Procuraduría pide ratificar sentencia que ordena indemnizar víctimas de atentados
El pronunciamiento se hizo luego de establecer la falta de protección por parte de la Nación a dos ciudadanos amenazados.
Imagen de referencia / Archivo Colprensa
Se trata de dos casos en los que, según la Procuraduría, el Estado colombiano faltó a su deber de proteger a dos personas que habían denunciado amenazas en su contra dadas sus condiciones.
Uno era un concejal de San Juan de Acosta (Atlántico), quien fue amenazado y víctima de atentado en dos ocasiones y otro militante de del Movimiento Político Acción Comunitaria el cual era objeto de acciones de exterminio, y que fue asesinado a pesar de haber informado, ante diferentes entidades públicas, de la posible ejecución de hechos que podrían poner en riesgo su vida.
Para el órgano de control es evidente que los miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional omitieron los deberes de protección de la vida de los demandantes pese a tener conocimiento del riesgo en el que se encontraban.
"Para el Ministerio Público, tanto la Policía Nacional como la Unidad Nacional de Protección (UNP), son responsables del daño antijurídico causado, pues tenían conocimiento de la situación de peligro (...) y omitieron su deber de protección establecido en la Constitución Política”, afirmó la Procuraduría.
