Corte declaró baja implementación de seguridad para los ex-Farc
El alto tribunal dictó una serie de órdenes a la Unidad Nacional de Protección y al Gobierno Nacional para proteger a los reincorporados.
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Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por el alto número de firmantes del acuerdo de paz con las extintas FARC asesinados desde el 2016 y falta de garantías y baja implementación de su seguridad.
La ponente fue la magistrada Cristina Pardo, quien venía estudiando varias tutelas acumuladas de integrantes del partido Comunes y reincorporados que alertaban de riesgos de muerte y la falta de protección por la presencia de disidencias armadas, el Eln y narcotráfico.
La Corte les dio la razón e impartió una serie de órdenes al Estado colombiano para garantizar sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz.
Entre estas, la Unidad Nacional de Protección tiene cuatro meses para reevaluar el riesgo que tienen los firmantes de paz e integrantes del partido Comunes, priorizando los esquemas de protección colectiva de los Antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación para mantenerlos o fortalecerlos.
“De ser necesarios nuevos esquemas, en cuatro meses siguientes, se deben concluir las contrataciones y formación de los escoltas para suplir la necesidad de estas personas”, aseguró la magistrada Pardo.
Por otro lado, ordenó al Gobierno Nacional adoptar las medidas que hagan cumplir las garantías de seguridad establecidas en el acuerdo de paz, para facilitar la reincorporación efectiva y pronta a la vida civil de los desmovilizados y sus familias.
“El Gobierno debe iniciar los trámites indispensables para disponer de la asignación presupuestal suficiente a efectos de asegurar que los firmantes del acuerdo final de paz que ejercen liderazgo político y social, gocen de la protección requerida”, detalló Pardo.
La magistrada manifestó que se deben priorizar las regiones afectadas por grupos armados y la ausencia del Estado, que según un informe de la ONU son 25 municipios ubicados en Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
“Ordenar a las entidades estatales y gubernamentales, a quienes compete cumplir los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el Acuerdo de Paz, atender sus deberes de acompañar sus acciones de un lenguaje asertivo, respetuoso, constructivo, empático y generador de confianza para que no se refuercen imaginarios sociales y culturales de estigmatización y odio”, indicó la magistrada.
Por otro lado, el Ministerio del Interior y la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación deberán en dos meses adoptar “medidas concretas para garantizar la articulación entre los PDTS y los programas de sustitución de desarrollo alternativo que a nivel municipal se han venido ejecutando de manera asincrónicamente frente a la estrategia de seguridad”.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo tendrá un mes para entregar a la JEP y a la Fiscalía General un informe actualizado sobre las alertas tempranas sobre los ex Farc, para que de esta manera se siga avanzando en la investigación de los crímenes en contra de estas personas.
Por último, la Procuraduría General deberá adoptar, por su parte, un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento de la sentencia. Es así que la Corte asumirá, a través de una sala especial de seguimiento, el cumplimiento de las órdenes emitidas con el propósito de superar el Estado Cosas Inconstitucional.