Procuraduría llama a juicio a cinco personas por caso Centros Poblados
Dentro de los llamados están tres funcionarios de MinTic, el representante legal de Centros Poblados y la interventora del contrato.
Imagen de referencia / Cortesía (Colprensa)
La Procuraduría toma decisiones en caso contrato de MinTIC y Centros Poblados para llevar internet a zonas rurales de Colombia. El Ministerio Público llamará a juicio disciplinario a cinco personas, según la investigación están involucradas en el escándalo de corrupción que rodeo el contrato.
Dentro de las personas que el Ministerio Público llama a juicio verbal están tres funcionarios del Ministerio TIC:
Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general de MinTIC. Comisión de la falta gravísima por desconocer los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.
Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual de MinTIC. Cometió irregularidades al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por la Unión Temporal “Centros Poblados Colombia 2020”, pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos.
Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura de MinTIC y supervisor del Contrato. Permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio TELBROAD-PROFIT, sin mediar estudios que sustentaran la modificación.
Y por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, el llamado es:
Luis Fernando Duque Torres, representante legal Centros Poblados 2020. Presuntamente, falsificó las garantías bancarias por él suscritas y presentadas para amparar el buen manejo y correcta inversión del anticipo.
También está citada Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato. Puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria al no haber verificado ni validado el cumplimiento de los requisitos para que el contratista utilizara los recursos, con cargo al primer desembolso a título de anticipo.
Con base en el material probatorio recaudado, los citados funcionarios y contratistas tendrían responsabilidad disciplinaria en las presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato celebrado entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
