Al 2031 se requieren 328.3 billones para poder reparar a las víctimas
La reconfiguración del conflicto aumenta el número de víctimas, por lo que se requiere más inversión del Estado para su reparación
Al 2031 se requieren 328.3 billones para poder reparar a las víctimas(Colprensa)
Tenemos el nuevo informe de la comisión de seguimiento y monitoreo a la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Es el octavo que presentan en forma conjunta Defensoría, Procuraduría y Contraloría. En él se evidencia cómo la reconfiguración del conflicto armado tiene al país con más víctimas y más afectaciones.
El conflicto armado se ha agudizado en amplias regiones, generando un aumento considerable de las violaciones a los Derechos Humanos, representadas particularmente en homicidios (incluidas masacres), desplazamientos forzados masivos e individuales, confinamientos de población especialmente étnica, amenazas y ataques en contra de los líderes, sociales y reclutamiento ilícito de menores de edad. La Comisión conformada por la Defensoría, Procuraduría y Contraloría advierte que en 2021 persisten los escenarios de riesgo. Hasta el 4 de junio se presentaron: 97 desplazamientos forzados masivos, que afectaron aproximadamente a 42 mil personas; 63 eventos de confinamiento que afectaron aproximadamente a 33 mil personas de 181 comunidades, y 68 reportes de riesgo. Los desplazamientos masivos de este año (97), duplicaron los eventos registrados para el mismo periodo en 2020 (46).
Ante estos escenarios de riesgo el Estado ha centrado su actuación en el despliegue de mecanismos de disuasión y contención de las amenazas con más hombres del Ejército y Policía, sin que ello se traduzca en la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población civil y el control a los factores de riesgo, en ocasiones aumentar el pie de fuerza significa poner en peligro a las comunidades. Las recomendaciones que hacen los entes de control es que se fortalezca la oferta social del Estado; atender los principios humanitarios en el desarrollo de operaciones militares; reconocer la autonomía de las autoridades étnicas en sus territorios; y atender las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El conflicto armado también tiene en peligro la restitución de tierras. En la etapa administrativa del procedimiento, se destaca que, a pesar de la pandemia causada por el COVID-19, se allegaron 6.656 solicitudes. Sin embargo, se evidencia una baja capacidad institucional, pues el número de solicitudes de restitución que fueron resueltas de fondo sólo alcanzó el 13% en 2020 y el 9% en el primer trimestre de 2021. Otra preocupación son los ataques a las comisiones de restitución de tierras por parte de los grupos armados que impiden la recuperación de predios, que en algunas ocasiones pertenecieron a las antiguas Farc, para devolverlas a los campesinos, por lo que se requiere un acompañamiento mayor para no dejar de cumplirle a las víctimas.
Este informe también llama la atención sobre los recursos para poder reparar e indemnizar a las víctimas del conflicto Colombia. En este punto la Contraloría llamó la atención para hacer un esfuerzo y obtener más recursos esto debido a que el conflicto sigue y al universo de 9 millones de víctimas, cada día se suman más, por lo que de aquí a 2031 va a hacer requerida la suma de 328.3 billones de pesos para poder cumplir con las reparaciones a las víctimas colombianas.
