Incautan vehículos a 4 capturados por quemar un peaje
Los sujetos podrían pagar una condena de 8 años de prisión.
Este jueves, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, informó la captura de Omar Farías, Andrés Pérez, Jefersson Martínez y Johan Zúñiga, los presuntos responsables de la quema y destrucción del peaje San Miguel, ubicado a 11 kilómetros de Sibaté (Cundinamarca), el pasado 3 de mayo.
De acuerdo con el material probatorio, los cuatro hombres se habrían reunido en la vereda Pericos de ese municipio para concertar el ilícito y posteriormente se desplazaron a la vía que comunica con Fusagasugá, con capuchas en los rostros para no ser reconocidos.
Según las investigaciones, en donde se analizaron más de 15 horas de videos extraídos de los circuitos cerrados de televisión y cámaras de seguridad, los sujetos llegaron en dos carros y un furgón y, seguidamente, obligaron a los operarios para dejar de hacer sus funciones y encendieron con gasolina las casetas de recaudo. Luego, huyeron del lugar en sus tres vehículos.
“Es un resultado rápido para llevar a la justicia a estos delincuentes. En los próximos días habrá nuevas órdenes de captura sobre personas que han cometido este delito en el Valle del Cauca, Eje Cafetero, Antioquia, Cundinamarca y Bajo Cauca Antioqueño”, dijo el general Vargas.
Por su parte, el Fiscal General, Francisco Barbosa, confirmó que se realizó la primera incautación de vehículos que fueron usados para cometer actos de vandalismo durante el paro nacional. “No se podrán vender ni negociar esos bienes y se impondrán medidas con fin de decomiso ante un juez de garantías”, señaló.
Barbosa explicó de ahora en adelante la Fiscalía administrará esos bienes hasta que exista una sentencia judicial, después su valor será distribuido entre las ramas ejecutiva y judicial. “También se impondrán medidas cautelares con fines de extinción de dominio para que la SAE los administre”, indicó.
Los 4 capturados fueron imputados los delitos de daño en bien ajeno, incendio y hurto agravado, y pueden enfrentarse a una pena hasta de 8 años de prisión.
La destrucción del mobiliario, equipos de cómputo y circuitos cerrados de televisión, están avaluados en más de 700 millones de pesos, según lo presupuestado por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU).