Socio de magistrado acusado de corrupto pide ser reconocido como indígena
Después de un año del proceso, la defensa del investigado planteó un conflicto de jurisdicción en medio de una negociación con la Fiscalía
Edificio Tribunales Superiores de Bogotá y Cudinamarca / COLPRENSA
La defensa de Aldemaro Vargas, primo y socio que prestó su cuenta bancaria para consignar los dineros de la venta de fallos del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista, frenó la negociación de un preacuerdo con la Fiscalía al plantear un conflicto de jurisdicción alegando que su cliente tiene origen indígena y por ello debe ser procesado por las leyes indígenas y no por la justicia ordinaria.
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La petición tomó por sorpresa a la Fiscalía y a la representación de víctimas, habida cuenta que, en marzo de 2020, Aldemaro Vargas admitió su culpabilidad y aceptó los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
“Un año después de haberse reconocido como culpable en una audiencia con todas las garantías, ahora resulta que sin ningún problema manifiesta a una juez que hasta ahora él se acuerda que es un indígena y por lo tanto debe ser juzgado por su resguardo (…) Para ello presenta una certificación falsa donde una persona dice que reside en un resguardo cuando él está detenido y señala que él forma parte de la comunidad y que por ende será la comunidad la encargada de castigarlo”, explicó el abogado Francisco Bernate, apoderado de la Rama Judicial como víctima de este caso.
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Pese a que la jueza no definió su posición si es competente o no, decidió enviar el caso a la Corte Constitucional, para que resuelva el conflicto. La representación de víctimas reprochó a la jueza porque ese caso debe ser resuelto por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
