Denuncian interferencias de la industria de comidas para impedir regulación
Financiar campañas electorales, negociar con congresistas y cooptar medios de comunicación son algunas de las estrategias 'poco éticas' evidenciadas.
Bogotá. 27 de Agosto del 2019. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo realiza el lanzamiento de la campana "Dulce Veneno, la marca de la mentira" que se llevó acabó en la Plaza de Bolívar. / Sergio Acero
En un documento de 76 páginas publicado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la organización mexicana El Poder del Consumidor, se ponen en evidencia más de 10 prácticas de obstaculización e interferencia que estarían promoviendo las industrias de comida procesada y bebidas azucaradas para frenar las políticas de regulación.
De estas se destacan, principalmente, "Cabildeo en el Congreso y negociación con legisladores. - Financiación de campañas electorales. - Cooptación de medios de comunicación. - Difusión de argumentos falaces que generan miedo económico. - Cooptación de líderes sociales y voceros. - Lavado de marca mediante acciones de responsabilidad social empresarial. - Demandas judiciales a las normas. - Intimidaciones a organizaciones de derechos humanos promotoras de la medida".
"Vemos con profunda preocupación que en Colombia existan prácticas poco éticas orientadas a bloquear, obstaculizar, dilatar o entorpecer la adopción de políticas públicas de alimentación y salud, tales como el etiquetado frontal de advertencia", expresó la abogada y miembro del Cajar, Yessika Hoyos.
En ese sentido, en voz de la litigante, "solicitamos total transparencia en el trámite de la Ley de Comida Chatarra, en el de la Ley de Escuelas Saludables y la ley de Impuesto Saludable. Instamos al Gobierno, para que exista un compromiso con la sociedad en aprobar el etiquetado frontal de advertencia. Con las especificaciones que la evidencia científica ha comprobado que mejor funcionan: esto es los sellos octagonales".
Por último hicieron extendieron también el llamado a los congresistas. "Proponemos a los tomadores de decisiones de los distintos niveles del Congreso y del Gobierno que eviten colaborar con las estrategias de interferencia de la industria de comestibles procesados y bebidas azucaradas. La salud debe estar por encima de intereses económicos".