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Suicidio

Familia ganó demanda por suicidio del patrullero en Miraflores

Personero del 2008 debería responder por más de 6 mil millones que deberán pagar solidariamente la Policía, MinDefensa y el municipio de Miraflores.

Familia ganó demanda por suicidio del patrullero en Miraflores

Familia ganó demanda por suicidio del patrullero en Miraflores / Colprensa

El Tribunal Administrativo del Meta resolvió en segunda instancia responsables a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, como al municipio de Miraflores-Personería municipal, de forma solidaria por el suicidio del patrullero de la institución policial Diego Armando Ayala Pineda.

Según el Tribunal hubo extralimitación de las funciones del personero municipal Edwin Giovanni Diaz para la época en que sucedieron los hechos año 2008.

Dicen los magistrados que el funcionario del Ministerio Público coaccionó al occiso con destitución y reclusión teniendo en cuenta que esa no era su competencia.

Por lo anterior en una decisión en firma el Tribunal Administrativo del Meta condena a la Nación, al Ministerio de la Defensa, Policía, como al municipio de Miraflores, Personería, a pagar por los perjuicios morales causados a la familia por mas de 6 mil millones de pesos.

Los hechos tienen que ver cuando el 30 de noviembre del año 2008, el patrullero de la policía Diego Armando Ayala, miembro de la Sijín, la inspectora de Policía y el Ejército, realizaron una incautación de un laboratorio para el procesamiento de sustancias ilícitas, con el lleno de los requisitos para la ocasión.

El 2 de diciembre del 2008, comparecen los señores Mauricio Camacho Camacho y Carlos Guillermo Rojas, como propietarios de los elementos encontrados e incautados en el laboratorio, quienes interponen queja ante la Personería del municipio, aludiendo que contaban con las facturas y los permisos correspondientes.


A raíz de la queja, el personero de Miraflores, Edwin Giovanni Diaz, inicia una indagación preliminar a efectos de identificar si los funcionarios que conocieron del procedimiento era una falta disciplinaria por una supuesta extralimitación de funciones.

Al haberse notificado de la investigación al patrullero Ayala Pineda, de manera personal, el personero emprende una persecución de forma verbal con el occiso, así como con los demás funcionarios que participaron del procedimiento, dice el análisis probatorio.

El personero presionaba al uniformado que tenía que pagar 300 millones de pesos por estar fuera de los parámetros legales.

Esta presión llevo al miembro de la Policía Nacional a quitarse la vida el 22 de enero del año 2009.

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