Jueces

Buscan destrabar funcionamiento de comisión que juzgaría jueces y abogados

El Consejo Superior presentó al Congreso proyecto para modificar la ley estatutaria de administración de justicia.

El Consejo Superior de la Judicatura busca destrabar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se creó en el 2015 con la reforma al equilibrio de poderes, pero que tras 5 años no se ha logrado poner en funcionamiento.

La idea era que ese mecanismo reemplazara a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior, pero sin ley que reglamente su funcionamiento, varios de los magistrados siguieron en interinidad. Algunos llevan más de 12 años, cuando deberían estar solo 8.

En el proyecto presentado al Congreso, el Consejo Superior señala que "resolver el bloqueo institucional actual es clave dado el papel que cumple esta jurisdicción como juez disciplinario de los jueces tarea que es fundamental para garantizar la legitimidad de la justicia". La Comisión Nacional de Disciplina Judicial supuestamente se encargaría juzgar disciplinariamente a los funcionarios y empleados judiciales.

En el proyecto que deberá hacer trámite en el Legislativo se establecen "los principios, reglas y el procedimiento aplicable para conformar las ternas que deben elaborar tanto el Consejo Superior de la Judicatura como el Presidente de la República".

En el proyecto también piden adiciones presupuestales a la rama judicial y autonomía e independencia. Es decir, que el Estado garantice un "presupuesto mínimo que no esté sujeto al vaivén de las decisiones presupuestales de los gobiernos de turno".

El proyecto propone incluir un artículo en la ley estatutaria que determine una "obligación" a que el presupuesto "de inversión de la Rama aumente anualmente un 5% más la tasa de inflación causada". Dice que el presupuesto de funcionamiento se debe actualizar en los gastos de personal y que para esta vigencia de debe hacer un aumento del 7 % en todos los gastos de funcionamiento.

"En los últimos años, la Rama Judicial ha funcionado con una limitada situación financiera que afecta el sector justicia de manera integral, lo que ha generado restricciones y límites a la autonomía administrativa y presupuestal que dificulta que el sistema judicial logre niveles de servicio que equilibren la oferta (despachos judiciales) y la demanda de justicia, entre otros aspectos", se lee en el texto.

La judicatura también señala que se busca definir legalmente la administración de justicia como un servicio público esencial para garantizar su prestación a la ciudadanía.

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