Aplican justicia indígena contra siete disidentes acusados de homicidio

Siete presuntos miembros de las disidencias armadas de la Dagoberto Ramos, señalados de asesinar este fin de semana a un comunero en el resguardo indígena de Huellas-Caloto, fueron juzgados por la legislación nativa de este sector.

Estas personas fueron capturadas luego del asesinato de Jesús Antonio Rivera de 32 años, y en una asamblea general la comunidad determinó castigar con 25 años de cárcel, 10 en un centro de armonización y nueve sacudidas o latigazos contra dos de los sujetos, señalados como responsables de accionar las armas.

De igual manera, se determinó cinco años de prisión y nueve sacudidas a dos reincidentes que ya habían sido enjuiciados por desarmonías en sus territorios. A los otros tres, les dictaron tres años de trabajo comunitario y les aplicaron 41 latigazos.

Las condenas deberán cumplirse en lo que las comunidades llaman patio prestado, es decir la Cárcel de Alta y Mediana seguridad de Popayán.

Las armas y el material de Guerra incautado no se destruyó y fueron dejadas en poder de la Iglesia de Cali, que iniciarán un proceso de intermediación para lograr un proceso de paz con estos grupos residuales, según indicó el líder indígena, Alejandro Casamachín.