“Es una infamia”: abogado que denunció la ‘Ñeñe política’
El abogado Miguel Ángel del Río, y la exfiscal Jenny Ortíz, serán investigados por presunta compra de testigos
Fuentes de la Fiscalía señalan que en una declaración juramentada la exfiscal Jenny Ortiz, quien estuvo al frente del caso ‘Ñeñe’ Hernández, dijo que dos testigos del proceso dejaron de colaborar porque no se les había pagado lo prometido.
Por esa declaración, la fiscalía pedirá que se investigue a la funcionaria judicial y al abogado Miguel Ángel del Río, quien es el defensor de víctimas por el homicidio del hijo de Carlos Rodríguez.
El abogado del Río, calificó la actuación procesal en su contra como “una infamia”:
"Ahora han querido atacar mi nombre para involucrarme en una presunta compra de testigos con la finalidad de desviar una investigación, cosa más miserable y baja” recalcó el abogado.
La Fiscalía busca establecer porque en su momento no se denunció ese episodio.
LOS AGENTES CAPTURADOS
El Mayor de la Sijin de la Policía, Jefferson Fabián Tocarruncho y el Sargento Wadith Velázquez, supuestamente utilizaron el caso del ‘Ñeñe’ Hernández y habrían aprovechado sus cargos para incluir los números de las líneas telefónicas que nada tenían que ver con el proceso, números que pertenecían a cinco uniformados de su misma unidad, bajo el argumento de que esos policías supuestamente estaban cometiendo un delito.
Fuentes de la Fiscalía, indican que en el marco de la investigación, en principio se creía que se había interceptado a los uniformados en el marco de un acto de contrainteligencia, tras una información que fue entregada por alias ‘Penca’, quien fue sicario de la organización del narcotraficante 'Marquitos' Figueroa.
Para mayo de 2018, se creía que los policías supuestamente estaban involucrados con el narcotráfico y fueron seguidos durante mes y medio, sin embargo, señala la Fiscalía, pese a que se reportó resultados negativos, los hoy detenidos continuaron los seguimientos de manera ilegal.
La Fiscalía les imputará a los dos agentes de policía judicial los delitos de violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y falsedad ideológica.