Derechos humanos

CIDH pide a Colombia investigar espionaje a periodistas y activistas

La relatoría especial para la libertad de expresión del organismo expresó preocupación por la existencia de un esquema de presuntos espionajes.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que hace referencia a las denuncias de perfilamientos y espionajes ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos en Colombia. 


La CIDH y su relatoría especial para la libertad de expresión se declararon preocupadas por esas denuncias en las que dicen que a través de herramientas informáticas “se habrían realizado búsquedas y recolección masiva de toda la información” sobre al menos 130 personas.

En el texto el organismo recuerda que el pasado 16 de enero emitió un comunicado en el cual manifestó preocupación ante hechos de espionajes ilegales que habían ocurrido en el país entre febrero y diciembre de 2019. Señala que “el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley”, además de ser un caso excepcional.

Agrega que la vigilancia masiva no deber considerada en ningún caso como proporcional y que la recolección sistematizada de datos públicos que hayan sido voluntariamente expuestos “también constituye una injerencia en la vida privada de las personas”.

La Comisión dice que “toma nota” de la decisión del Ministerio de Defensa de retirar del servicio a 11 oficiales y que tiene conocimiento del proceso disciplinario que lleva a cabo la Procuraduría General de la Nación.

En ese sentido piden a Colombia adelantar todas las investigaciones necesarias para establecer la verdad de lo ocurrido y poder identificar y sancionar a los responsables. Particularmente pide “investigar la posible vinculación de altas autoridades dentro y fuera de la cadena de mando con intereses particulares o políticos como destinatarios finales de la información recolectada ilegalmente”.

Además les pide a las autoridades que todo el proceso sea de conocimiento de las víctimas y que “adopten los mecanismos para asegurar los derechos a la intimidad e integridad personal de quienes se vieron afectados”.

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