162 militares han entregado su testimonio de manera presencial ante la JEP, otros 40 lo han hecho por escrito. En el documento cuentan los atentados que han sufrido, así como seguimientos y contactos con su familia, con la intención de intimidarlos. Se sienten inseguros, incluso estando recluidos en unidades militares. Varios testigos han sido traslados de una unidad militar a otra para intentar proteger su vida.

Incluso son tan fuertes las presiones de quienes no quieren que hablen de los falsos positivos, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, solicitó un monitoreo especial de para la protección de los comparecientes del caso 03.

La Sala de Reconocimiento de la JEP, ante la gravedad de la situación de la mayoría de los comparecientes, ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP analizar el riesgo y optar las medidas de protección.

La Unidad de Investigación y Acusación, que funciona como la fiscalía de la JEP, procedió a todo análisis y en septiembre inicio la verificación, las entrevistas para analizar las peticiones.

Esta semana quedan implementadas las protecciones que en muchos casos pueden ser un vehículo con escoltas y cambio de domicilio para las familias, ya que, los testigos al estar detenidos sus medias de protección son más fáciles de implementar.

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