Estudiantes que participen en actos vandálicos perderían créditos de Icetex

Quedarían prohibidos los encapuchados en las marchas y se facultaría al Esmad a usar pistolas taser para controlar el orden público.

Radicarán proyecto  para reglamentar la protesta social en Colombia en el Congreso de la República.

La iniciativa contempla la extinción de beneficios educativos. Perderán los beneficios de los créditos ICETEX o cualquier otra entidad pública, otorgados y en trámite, así como las becas de estudios otorgadas por el Estado.

En medio del paro nacional que se adelanta y las críticas por los actos vandálicos que se han presentado en las distintas movilizaciones en el país, el senador Juan Diego Gómez, radicó un proyecto de ley para reglamentar la protesta social en el país.

Se trata de una iniciativa que fija las reglas para que en el país se garantice el derecho a la protesta pero que no sea aprovechada por los violentos que opacan a quienes quieren hacer reclamos sociales.“Se trata de un proyecto que le hace falta al país, hemos decidido plantear el debate porque la protesta pacífica se debe garantizar pero el vandalismo no. Así que se pautan unas reglas para quienes participan y quienes no lo hagan”, dijo el senador.

Agregó que no se podrían hacer marchas cerca de lugares en donde se presten servicios públicos esenciales.

“Se prohíbe usar capuchas y elementos que impidan identificar a las personas y se parará con la violencia en las movilizaciones”.

Aclaró que también habrá unos protocolos para la actuación del Esmad para que se acabe esa discusión que hay en este momento pero dijo que el desmonte que se pide es imposible de aplicar.

“No se permitirá la presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en marchas”.

Gómez agregó que “no se permitirá el uso de cualquier elemento que pueda ser empleado para atentar en contra de la integridad física de los miembros de la fuerza, terceros y el patrimonio público y/o privado. Su uso implicará la imposición de sanciones señaladas en la presente Ley”

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