Corte Suprema a Justicia Penal Militar: No obró con imparcialidad

El fuerte llamado de atención del Alto Tribunal es por un posible caso de falso positivo en el que se vieron involucrados dos oficiales del Ejército.

La historia se remonta al 28 de noviembre de 1990 cuando los ‘mamos’ indígenas Ángel María Torres, Antonio Hugues Chaparro y Luis Napoleón Torres se desplazaban a Bogotá para participar en actividades propias de los movimientos sociales.

Sin embargo, ese día los indígenas fueron bajados por hombres armados del bus en el que se desplazaban en la región de Curamaní Cesar, y pocos días después fueron encontrados muertos.

Varios testigos señalaron como supuestos responsables de la desaparición, tortura y homicidios al Teniente Coronel Luis Fernando Duque y al Teniente Pedro Fernández, para entonces asignados al batallón la Popa con sede en el departamento del Cesar.

Por este caso se abrieron dos investigaciones, una en la Justicia Penal Militar y otra en la Justicia Ordinaria, pero el proceso finalmente quedó en la Justicia Penal Militar, que resolvió en mayo de 1992 cesar todo procedimiento en contra de los oficiales.

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Hoy 27 años después, y luego de una petición de revisión hecho por la Fiscalía, la Corte Suprema determinó que los casos de desaparición forzada, tortura y homicidios no son actos del servicio y por lo cual señaló a la Justicia Penal Militar de no haber obrado imparcial, independiente y efectivamente y que por ello dicha instancia no podía asumir el conocimiento de ese asunto.

"Si esa Colegiatura, hubiese realizado ese análisis, necesariamente hubiese determinado algo diferente", señaló la Corte Suprema.

Por tal motivo, el Alto Tribunal le ordenó a la Fiscalía a que asuma y rehaga la investigación con el fin de establecer, de manera diáfana e imparcial, la verdad de las circunstancias que rodearon la muerte de los indígenas y el papel que jugaron los dos oficiales a quienes la Justicia Penal Militar los exoneró de todos los cargos hace 27 años. 

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