La tormenta se inició con las declaraciones que <strong>Jorge Ricardo Sarmiento</strong>, fiscal investigador, le dio a Noticias Caracol en las que señalaba que “las <strong>11 personas</strong> que <strong>supuestamente</strong> habían sido desaparecidas, realmente habían sido mal<strong> entregadas o mal</strong> identificadas”.Al jalón de orejas que le dieron a <strong>Sarmiento</strong> se le sumó la orden de que saliera a <strong>“aclarar lo dicho”</strong> y en varias intervenciones a medios manifestó que el ente investigador no puede concluir que no hubo desaparecidos en el holocausto del<a title="Toma Palacio Justicia Bogotá" href="https://caracol.com.co/tag/toma_palacio_justicia_bogota/a/" target="_blank"> Palacio de Justicia</a>, ocurrido entre el<strong> 6 y el 7 de noviembre de 1985.</strong>"No podemos descartar del todo, tenemos que seguir investigando. Pero quiero resaltar el trabajo después d<strong>e 33 años,</strong> porque realmente le hemos seguido la <strong>pista con cuerpos</strong> muy<strong> deteriorados, calcinados”</strong>, dijo el fiscal.Pero la tormenta ya estaba desatada y los <strong>familiares de las víctimas</strong> se siguen preguntando cuál era la intención de una declaración de esa magnitud por parte de un funcionario investigador que tiene a su cargo uno de los casos más sensibles de la historia reciente del país y que marcó un hito en la lucha del <strong>Estado</strong> frente al terrorismo.<strong>Jorge Franco es el hermano de Irma Franco,</strong> la integrante del<a title="M-19" href="https://caracol.com.co/tag/m_19_movimiento_diecinueve_abril/a/" target="_blank"> M-19</a> que hizo parte de la toma al<strong> Palacio de Justicia</strong> y cuyos restos nunca han aparecido. Su familiar recuerda que el <strong>Estado</strong> fue condenado por ese caso, de allí que se pregunte “¿de dónde esa afirmación de la <strong>Fiscalía</strong>?”.<strong><em>Le puede interesar: </em></strong><em><a href="https://caracol.com.co/radio/2019/08/28/nacional/1566969223_491889.html" target="_blank">Fiscalía: Faltan cinco víctimas del Palacio de Justicia por identificar</a></em>“Esa frase raya en lo<strong> inverosímil.</strong> Si no hay desaparecidos, por qué después de 34 años no han entregado ni nos han dicho dónde est<strong>á Irma Franco.</strong> Todos los procuradores que conocieron del caso dijeron Irma Franco salió viva y está<strong> desaparecida</strong>”, acotó Jorge.En este caso también hay una sentencia del <strong>Tribunal de Bogotá</strong> en contra del Estado y una providencia de la <a title="CIDH" href="https://caracol.com.co/tag/cidh_corte_interamericana_derechos_humanos/a/" target="_blank">Corte Interamericana de Derechos Humanos</a> en el mismo sentido.Por eso, para Jorge “es inaudito que venga ahora la <a title="Fiscalia General de la Nación" href="https://caracol.com.co/tag/fiscalia_general_nacion_colombia/a/" target="_blank">Fiscalía</a> a decir que todos ellos se equivocaron. Si es así, entonces que vayan a la <strong>CIDH</strong> y les digan que se equivocaron en su fallo”.<strong>UNA PROPUESTA INVIABLE</strong>El asalto por parte de la entonces guerrilla del <strong>M-19 al Palacio de Justicia</strong> le ocasionó la <strong>muerte</strong> a lo más granado de la <strong>jurisprudencia nacional:</strong> 11 magistrados de las más altas calidades intelectuales fueron asesinados, entre ellos <strong>Alfonso Reyes Echandía</strong>, por cuya memoria el <strong>Palacio</strong> ahora lleva su nombre.También murieron 48 personas, entre civiles e integrantes de la<strong> Fuerza Pública</strong> que hicieron parte del operativo para la recuperación del control de la sede del órgano <strong>judicial</strong> más importante del país, tras la llamada operación <strong>Antonio Nariño</strong> por los derechos humanos, como fue denominada por parte de la<strong> cúpula del M – 19.</strong>Casi 34 años después las heridas no se han cerrado y este episodio protagonizado por el fiscal <strong>Sarmiento</strong> ha desencadenado nuevas decisiones en el ámbito judicial. Una de ellas el recurso de <strong>recusación</strong> que interpusieron los familiares de<strong> Carlos Augusto Rodríguez Vera,</strong> una de las víctimas de desaparición, en contra del fiscal Jorge Hernán Díaz Soto, <strong>jefe de Sarmiento y del equipo investigador</strong> que tiene a cargo del tema.<strong>Jorge Molano</strong>, abogado de la <strong>familia Rodríguez</strong>, dice en la recusación se basa en que hubo un<strong> prejuzgamiento</strong> en el caso tras las declaraciones de <strong>Sarmiento</strong>.“Inquieta el tratamiento que ustedes – dice <strong>Molano</strong> en su escrito – que han dicho investigar los hechos del <strong>Palacio de Justicia</strong> durante numerosos años, hoy con ironía, sarcasmo, burla y ataque a la dignidad de las víctimas, manifiesten que entre las víctimas de desaparición forzada se encuentra “Pepito Pérez”, cuando la<strong> Corte Interamericana de Derechos Humanos,</strong> el sistema de justicia interno y la sociedad conocen que nunca se ha demandado por la desaparición de esa persona, razón por la cual la burla de este funcionario es <strong>indignante</strong>”.En el memorial se trae a colación la sentencia de la <strong>CIDH</strong> que la próxima semana tendrá una audiencia privada de revisión a esa providencia para saber qué ha hecho el Estado para continuar las pesquisas frente a este episodio. Esa diligencia se cumplirá el próximo 6 de septiembre en la <strong>Universidad Externado de Colombia, sede Bogotá,</strong> aunque <strong>Colombia</strong> había propuesto que se realizara en las instalaciones de la <a title="Cancillería colombiana" href="https://caracol.com.co/tag/cancilleria_colombia/a/" target="_blank">Cancillería</a>, propuesta denegada ya que desde la <strong>CIDH</strong> consideraron que no era un “escenario neutral” para hablar del caso.Todo apunta a que habrá otro jalón de orejas para la <strong>Fiscalía</strong> porque el ente investigador ha incumplido sus tareas de avanzar en las pesquisas, según la abogada<strong> Jomary Ortegón,</strong> que ha llevado el caso <strong>ante esa instancia.</strong>Dice Ortegón que “la <strong>Fiscalía</strong> lo que va a justificar es que no han seguido líneas <strong>investigativas</strong> porque lo que han encontrado es que las personas no estaban <strong>desaparecidas</strong>, sino que hubo errores de entrega”.Este cambio de <strong>estrategia</strong> también incluiría la propuesta de que el caso ahora pase a ser de manejo exclusivo de la<a title="JEP" href="https://caracol.com.co/tag/jep_jurisdiccion_especial_para_la_paz/a/" target="_blank"> Jurisdicción Especial para la Paz</a>, JEP, lo que a consideración de analistas sería una oportunidad más para que desde los sectores que atacan ese órgano se continúe con la campaña de <strong>desprestigio en su contra.</strong>Fuentes consultadas, que entregaron su <strong>declaración</strong> con la condición de que se mantuviera la reserva de su identidad, insistieron que si el expediente queda en manos de la<strong> justicia transicional</strong> en uno o dos meses se iniciaría una presión mediática y en redes sociales en contra de la <strong>JEP</strong> para que muestre los resultados que la <strong>Fiscalía</strong> no ha dado en décadas.Sobre este punto, la abogada <strong>Ortegón</strong> plantea que esa iniciativa se constituye en una ofensa para los familiares ya que deja el caso en un<strong> limbo jurídico</strong> lo que a todas luces va contrario al derech<strong>o internacional humanitario.</strong>“Basta recordar que la <strong>JEP</strong> abre un caso o porque hay un compareciente que sea sometido y que quiere<strong> decir la verdad,</strong> o porque hay un informe de víctimas o de la Fiscalía que active la competencia de la <strong>JEP</strong>, o porque el <strong>Tribunal</strong> ha decidido priorizar el caso. Ninguna de estas tres <strong>circunstancias</strong> se ha dado”, expone Ortegón.La JEP tampoco puede asumir el caso ya que la sentencia de la <strong>CIDH</strong> es enfática y sostiene que el caso debe seguir en manos de la<strong> justicia ordinaria</strong> y no debe ser asumido por la <strong>justicia transicional</strong>.“Como es una orden de carácter <strong>internacional</strong> esperamos que eso dé pie para que esta propuesta que ha dado la <strong>Fiscalía</strong> sea revocada y cumpla sus deberes de<strong> investigar</strong>”, concluye la abogada.<span><em><strong>Vea también:</strong> <a href="https://caracol.com.co/radio/2018/08/20/judicial/1534792952_272635.html" target="_blank">Familias no denunciaron desapariciones en holocausto del Palacio: M. Legal</a></em></span>Esta orden sería la que profiera la <strong>CIDH</strong> en su sesión de la próxima semana acá en <strong>Bogotá</strong>. Sería mediante una resolución de cumplimiento en la que se ratifique que el caso le compete a la <strong>Fiscalía</strong>. <span>Ahora se conoció que el fiscal <strong>Díaz</strong>, que llegó a la <strong>Fiscalía</strong> con la administración de <strong>Néstor Humberto Martínez</strong>, fue abogado de<strong>l ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias.</strong></span>