Orden Público

Directrices en el Ejército no inducen a falsos positivos

Así lo concluyó la Comisión de Excelencia Militar, conformada por el presidente Duque.

Directrices en el Ejército no inducen a falsos positivos

Directrices en el Ejército no inducen a falsos positivos(Colprensa/Archivo)

La comisión independiente de juristas analizó “todas las órdenes, manuales y documentos operacionales de la Fuerza Pública”, y concluyó que no inducen a cometer los llamados falsos positivos y que “se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.”

Duque pidió el pasado 24 de mayo el análisis de estos protocolos y directrices de la institución, luego de que un artículo del diario estadounidense The New York Times revelara que el comando militar, en cabeza del general Nicasio Martínez, estaría exigiendo "duplicar" los resultados (muertes, capturas y entregas) en la lucha contra los grupos armados, sin pedirle a sus hombres "perfección" ni total "exactitud" al momento de lanzar "ataques letales".

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En concreto, sobre los documentos operacionales sobre exigencias o mediciones de resultados, esa Comisión de Excelencia Militar, conformada por los juristas Alfonso Gómez Méndez, Mauricio González, Hernando Yepes y Felipe Ortegón Pulido, dice que “tales instructivos no autorizan, prohíjan, permiten, sugieren ni inducen a conductas criminales constitutivas de homicidio de civiles presentados como muertos en combate”.

La Comisión consideró que hubo impresiones en esas instrucciones, que “apreciadas fuera del contexto teórico-operacional, generaron equívocos”, por lo que preocupó en algunos sectores de la opinión pública nacional e internacional el retorno de ejecuciones extrajudiciales. De esta manera calificó como un acierto su retiro.

Por último, la Comisión no registró queja, denuncia o “noticia indicativas de la posible reproducción de este fenómeno atroz de los “Falsos Positivos”, desde enero del 2019.

Como recomendaciones, la Comisión le dice al Gobierno que debe reexaminar y actualizar los sistemas de medición de resultados operacionales de la Fuerza Pública, “a la luz de las nuevas realidades del fenómeno criminal que se presenta en Colombia”.

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