Si el Congreso reglamenta impugnación ¿qué aforados podrían beneficiarse?

Cerca de 250 sentencias y 70 casos de parapolíticos podrían llegar a ser revisados.

En manos del Congreso de la República está el derecho impugnar, tanto para quienes fueron condenados por primera vez en segunda instancia, como para quienes han sido condenados en única instancia, pues la Corte Constitucional ratificó que este derecho está en la Constitución Política desde 1991 y hace parte de compromisos internacionales.

Si por ejemplo, el Congreso establece una reglamentación atemporal, cerca de 250 sentencias podrían llegar a ser revisadas, entre ellas 70 casos de parapolíticos. 

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En esa lista estarían casos como el del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro; también la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien fue condenada a 14 años de prisión en 2015 por las denominadas ‘chuzadas’. En esa lista igualmente estaría el exsecretario de Presidencia, Bernardo Moreno, condenado a ocho años de prisión por los seguimientos ilegales, así como la condena de 7 años y 6 meses por parapolítica del exsenador Mario Uribe.

Por parapolíticos también estarían los ex congresistas Miguel Alfonso de Espriella, Mauricio Pimiento, la condena del Álvaro ‘El Gordo’ García, y del ex congresista Juan Manuel López.

También la condena a Yidis Medina por cohecho, por el escándalo de la reelección de Álvaro Uribe y hasta, la condena a Germán Olano por el “Cartel de la Contratación”. 

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Pero es un tema que se debe manejar con pinzas porque, por ejemplo, en el caso de Alberto Santofimio Botero, preso por el magnicidio de Luis Carlos Galán, no aplicaría porque fue condenado en primera instancia, absuelto en segunda y la Corte Suprema en casación lo condenó a 27 años de prisión.

El caso es amplio y por ello la Corte Constitucional solicitó hacer un diagnóstico, pero no solo de aforados, sino de todos a quiénes no se les garantizó este derecho.

“En el marco de la colaboración armónica para que dispongan de lo necesario para adelantar el diagnóstico de todos los procesos que podrían estar amparados en esta garantía, así como que se destinen los recursos presupuestales y administrativos para poner en marcha este procedimiento que permita la impugnación de la primera sentencia condenatoria”, dijo la presidente de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortíz. 

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El diagnóstico lo pide al Consejo Superior de la Judicatura, en colaboración con la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional.

A propósito, el magistrado Antonio José Lizarazo explicó en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, que la Corte Constitucional falló sobre una tutela y que en la misma providencia le recordó al Congreso que ha habido una omisión legislativa.

Explicó que desde hace varios años se le pidió regular sobre el derecho consagrado desde la Constitución de 1991 según el cual "todas las sentencias condenatorias podrán ser impugnadas". Añadió que ese derecho debe ser regulado, pero los legisladores no lo han hecho.

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