La <strong>Procuraduría General de la Nación</strong> sancionó con <strong>destitución e inhabilidad</strong> por <strong>10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y al exgobernador, Alejandro Lyons Muskus</strong>, por irregularidades en <strong>pagos de terapias</strong> a <strong>menores de edad</strong> en condición de discapacidad.Esto por no haber ejercido su tarea de <strong>vigilancia y control</strong> sobre sus <strong>secretarios de Salud</strong>, lo cual permitió que se <strong>ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad</strong> en condición de <strong>discapacidad,</strong> realizadas entre <strong>diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones, sin que mediara relación contractual</strong> entre el departamento de <strong>Cordoba y Funtierra Rehabilitación IPS</strong>.Los <strong>exgobernadores</strong> no lograron demostrar alguna situación de urgencia que impidiera planificar y adelantar este proceso de contratación, que sería la única razón válida para que no se configurara la irregularidad y por ello se determina su <strong>inhabilidad de 10 años</strong>.Lo que más les reprocha el <strong>Ministerio Público</strong> es que fallaron en su <strong>ejercicio de vigilancia y control de sus secretarios de salud, Edwin Preciado y José Jaime Pareja</strong>, quienes fueron destituidos e inhabilitado a 11 años.La <strong>Procuraduría</strong> remitió copias de la decisión a la la <strong>Corte Constitucional</strong> y a la <strong>Contraloría General de la República</strong> para que haga parte de las actuaciones, que sobre eso, adelantan, el fallo sin embargo es en primera instancia.