¿Por qué votar la consulta del 26 de agosto?

El domingo 26 de agosto los colombianos irán a las urnas para responder sí o no a siete preguntas que contiene la llamada consulta anticorrupción promovida por la Alianza Verde y sin el respaldo de algunos partidos como el Centro Democrático o Cambio Radical.

Es la oportunidad para medir qué tanto rechazan los colombianos a una práctica que se volvió paisaje –en las encuestas no está dentro de sus principales preocupaciones-- y que como lo revela un reciente estudio de la Universidad Externado no es solamente un tema de políticos corruptos –ser político se volvió sinónimo de corrupto—ni del sector público sino también del privado -–el 58% de los empresarios cree que sin coimas en una contratación no hay paraíso-- ni de una sola región. Es un mal endémico de la sociedad colombiana que se volvió sistémico e inherente al actuar social de la gente, como lo sostiene el rector Juan Carlos Henao, quien explicó con todos sus matices las causas del problema en Hora 20 Ese problema nos cuesta a los colombianos unos 9 billones de pesos al año, 2 billones más que el hueco de la salud, una de sus principales víctimas

El 26 de agosto los colombianos en las urnas –se necesitan más de 12 millones-- deberán pronunciarse sobre la reducción del salario de los congresistas y otros funcionarios de jerarquía, la eliminación de los beneficios judiciales a los corruptos, la transparencia en la contratación en todos los niveles, la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos públicos, la rendición de cuentas por parte de los congresistas, incluidas las votaciones, la divulgación de sus bienes y rentas y la limitación de los periodos de los elegidos por no más de una tercera vez.

El mensaje que puede enviar la consulta, de ser aprobada, será potente en la medida en que la gente le podrá decir al Congreso, a los políticos y al Gobierno que se cansó de los escándalos de Reficar, Odebrechet, el cartel de la Toga y de la hemofilia; del carrusel de contratos de Bogotá; de las mafias de contratistas de la alimentación escolar; de los que se han robado la plata de los acueductos de Buenaventura y Yopal, o del estadio de Neiva y de los escenarios de los Juegos nacionales de Ibagué; de las CAR o de las contralorías departamentales que en vez de vigilar, presionan para favorecer a los políticos locales. Que llegó el momento de decir que hay que hacer algo para que los particulares y los políticos corruptos no se burlen más de la justicia y dejen de disfrutar de sus fortunas mal habidas en condominios de la Sabana de Bogotá o Cartagena o en sus mansiones de Miami.

Para los defensores de la consulta, se trata de un ejercicio ciudadano para derrotar la corrupción. Pero para quienes no están de acuerdo con ella se trata de un acto que se contradice porque serán más de 300 mil millones que se van a la basura si no se logra la votación requerida: más de 12 millones en total y al menos 6 millones por el sí para cada pregunta. Además, argumentan que la mayoría de propuestas ya existen y que es un asunto de hacerlas cumplir. Y son esas dos visiones de país las que pueden dar al traste con la iniciativa, pues la polarización impide que se den consensos en torno de un problema que nos afecta en lo social, lo político y lo económico. Por todo lo que la consulta puede significar como mensaje vale la pena que los colombianos la apoyen.

No soluciona de raíz la corrupción, pero sí puede ejercer presión. La solución demanda una reingeniería política e institucional del Estado. O Si no que después no se quejen de los Ñoños que hay detrás de muchas curules.