En Nicaragua hay un claro hecho ilícito

Nicaragua y su población atraviesan en estos momentos por una grave crisis social, de seguridad y de violación de derechos humanos, por cuenta de las represalias adelantadas tanto por fuerzas estatales como por grupos paramilitares a las personas que han participado en las protestas sociales iniciadas desde el 18 de abril, en rechazo de la administración de Daniel Ortega.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha tomado cartas en el asunto: (i) el 24 de abril de 2018, manifestó su condena a “la muerte de al menos 25 personas en el marco de la represión de las protestas en rechazo al anuncio de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua”, así como al asesinato del periodista Miguel Ángel Gahona “por un disparo de arma de fuego mientras transmitía en vivo vía red social la jornada de protestas en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur”; (ii) los días 17 a 21 de mayo efectuó una vista de trabajo para “observar en el terrero de manera preliminar la situación de los derechos humanos en el país en relación con los hechos violentos que han tenido lugar” a partir del inicio de las protestas, y (iii) el día 21 de mayo decidió adoptar una medida cautelar en favor de 13 integrantes del “movimiento estudiantil y de sus núcleos familiares”, con el fin de asegurar que los agentes del Estado “respeten la vida y la integridad personal de los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, la situación parece empeorar.

El día 30 de mayo, en plena celebración del día de las madres, mientras se adelantaba en la ciudad de Managua una marcha pacífica multitudinaria convocada por el movimiento “Madres de Abril”, que reclama al gobierno nacional justicia por las decenas de homicidios, los cientos de personas heridas, detenidas y desaparecidas en el transcurso de las protestas sociales, se presentó una nueva agresión a la población civil por medio de disparos de francotiradores, que al parecer, provenían del Estadio Nacional Dennis Martínez, agresión que hasta el momento ha dejado 11 muertos y 79 heridos.

Con base en estos hechos, en Nicaragua se está frente a un claro hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado, por el desconocimiento del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de los manifestantes, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (Arts. 4, 5 y 7) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (Arts. 4, 6, 7 y 9), los cuales han sido ratificados por el Estado y lo obligan plenamente.

Por ahora, la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), deberán aunar sus esfuerzos para ayudar a paliar la grave crisis social y de derechos humanos que se vive hoy por hoy en Nicaragua. Por su parte, las víctimas de estas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos podrán presentar denuncias individuales ante la CIDH, el Comité de Derechos Humanos (CCPR) y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en aras de lograr una investigación sobre los hechos, una protección efectiva a sus derechos y una condena internacional del Estado.