“75% de los implicados en casos de corrupción no pagan cárcel”: Liberalismo

Los delitos en contra de la administración pública son los que más se presentan.

Horacio José Serpa /

El Partido Liberal en cabeza de Horacio José Serpa presentó un estudio que se hizo para determinar y demostrar que los casos de corrupción son los que menos son castigados o sencillamente tienen penas muy bajas. 

Los delitos en contra la administración púbica, se configuran en su mayoría por la celebración indebida de contratos, previo tráfico de influencias que alteran ilícitamente el procedimiento normal del proceso. De acuerdo con registros oficiales, el cohecho y peculado son los delitos de este tipo que más reincidencia tienen. 

“En Colombia tenemos la obligación de perseguir los capitales de los corruptos y sancionar a todos quienes hayan tenido negocios ilícitos con estos. Los agravantes de las penas deben duplicarse si el corrupto no devuelve la integridad de los dineros robados. También, se requiere mayor competencia entre proponentes en las licitaciones públicas, para lo cual tenemos el reto de trabajar de la mano con las entidades territoriales que deciden qué requisitos deben cumplir quienes aspiren a ganar una licitación” dijo el integrante del partido Liberal. 

Serpa aseguró que “En Colombia del 100% de los llamados delitos de cuello blanco que se registran, 25% pagan cárcel con un promedio de penas que no superan los 24 meses, otro 25% queda en arresto domiciliario y el 50% restante siguen libres, un sistema de justicia laxo frente a la corrupción que se debe cambiar con urgencia”. 

Por eso desde el legislativo se promoverían leyes para quitar los beneficios cuando se configuren delitos de corrupción. 

“Es un deber del nuevo Congreso de la República el endurecimiento de las normas contra los corruptos y la eliminación de cualquier posibilidad de beneficio para reducir la pena. De igual forma, necesitamos lograr el cambio de un enfoque reactivo en el cual castigamos después de que se ha generado el daño, a un modelo preventivo en el cual velemos por aumentar el cumplimiento de las leyes, la transparencia del gasto público y mecanismos que alerten a tiempo los indicios de corrupción”.

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