“PAE se convirtió en un manjar para los corruptos”: Procurador
Cinco personas son los representantes legales que tienen el mayor número de contratos en el país.
(Colprensa/Archivo)
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dio a conocer el panorama de la contratación en los Programas de Alimentación Escolar, PAE, señalando que son cinco representantes legales los que tienen el mayor número de contratos, algunos a través de diferentes empresas.
Ellos son: Luisa Fernanda Flórez Rincón, Germán Almanza Hernández, Ivis del Carmen Rosado Robles, Noel Rodríguez Cubides y Victoria Eugenia González.
González es incluso responsable del manejo de 43 contratos por más de 92.232 millones de pesos.
La Procuraduría analizó 7.800 procesos contractuales desde 2013 hasta 2017 que alcanzan el valor de 3.8 billones de pesos, por lo que pudo determinar que la concentración de contratos ha permanecido en este periodo de tiempo en más de 24 y hasta en 27 departamentos.
Además, dijo Carrillo, que la asignación de estos procesos ha sido “a dedo”: “Por contratación directa ha sido prácticamente el 80 % en materia de alimentación escolar”.
La gestión de la Procuraduría
Son 152 procesos disciplinarios los que abrió el Ministerio Público sobre las irregularidades en el programa, 104 que corresponden a indagaciones preliminares y 45 investigaciones.
El Ministerio Público revisa tres aspectos concretamente: la transparencia en los procesos; las irregularidades en la selección y ejecución de los proyectos; y los presuntos actos de corrupción, que tiene que ver con los “contratos sastre”.
“Esto está prácticamente diseñad por la vía de los ‘contratos sastre’, es decir son contratos adecuados para que haya solo unos pocos proponentes y sean los mismos que se ganen esos contratos”, dijo el Procurador.
Próximamente se conocerá la decisión disciplinaria sobre la situación en Santander, y ya, entre las decisiones, figura la destitución e inhabilidad por 12 años al alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez y de 10 años a la secretaria de educación de ese municipio, Dilsey Yensith Acosta, como la suspensión del alcalde de Montañita, Arlex Gómez.
A esto se suma, que la Procuraduría abrió una línea de investigación especial para las Empresas Sociales del Estado, pues aunque su función es la prestación del servicio de salud, son éstas las que se están encargado de los contratos.
