Gobierno debe garantizar en plan nacional de electrificación rural en el marco del acuerdo final: Corte

La sala plena de la Corte Constitucional avaló sin ningún condicionamiento el decreto Ley 884 de 2017 "Por el cual se expiden normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera". 

El decreto establece que el Gobierno, a través de El Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo técnico del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE y la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, elaborara´ cada dos años, un plan de electrificación rural para las Zonas No Interconectadas - ZNI y para el Sistema Interconectado Nacional - SIN. 

Se trata de mecanismos "que permitan la administración, operación y mantenimiento sostenible de las soluciones energéticas que se construyan para su uso", es decir, promover el consumo de energía eléctrica en usos productivos en las zonas rurales y facilitar la integración de la población a los servicios públicos para contribuir a la reducción de los niveles de pobreza. 

El decreto dice textualmente:

"Las autoridades competentes deberán elaborar y poner en marcha los Planes Nacionales en el territorio, los cuales pretenden erradicar la pobreza extrema, reduciendo en todas sus dimensiones la pobreza rural, así´ como la desigualdad, creando una tendencia hacia la mejora de los niveles de vida en la ciudad y en el campo"

En síntesis como criterios del Plan Nacional de Electrificación Rural "propenderá por la ampliación de la cobertura eléctrica, la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, según las particularidades del medio rural y las comunidades, para lo que se “utilizarán de manera preferente Fuentes No Convencionales de Energía”.