Empresarios con incertidumbres frente al proceso de paz
La Andi y proantioquia plantearon 15 pendientes en las negociaciones que se desarrollan en la Habana.
(Colprensa)
Los empresarios, quienes se reunieron con el Presidente, Juan Manuel Santos y respaldaron el proceso de paz, han planteado algunas dudas e inquietudes frente al acuerdo que se viene acordando en la Habana con las Farc.
Las discusiones sobre la reforma rural transformadora, la solución al problema de las drogas, el fortalecimiento de la participación política, y un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición; son un reconocimiento de la ausencia histórica del Estado en muchos de los ámbitos de la sociedad, señala el documento.
Agrega que son también una ventana de oportunidad para vincular e incluir a aquellos que, como las FARC, no han reconocido la legitimidad del Estado, y que a partir del proceso de negociación, esperamos jueguen bajo las reglas de la legalidad, en el marco del Estado Social de Derecho que rige nuestro país.
Entre los 15 pendientes se encuentran: la selección de los miembros de la Comisión de la Verdad y del Tribunal para la Paz que serán, de alguna forma, garantes de los principios de reconciliación en el país, de la no repetición del conflicto y del reconocimiento de las víctimas.
La definición sobre el diseño institucional para la implementación de los acuerdos, bajo criterios de unidad administrativa, capacidad ejecutiva y transparencia.
El sistema general de información catastral, cuya financiación y ejecución debe realizarse en el menor tiempo posible, y que permitiría el avance de pendientes como el Fondo de tierras, los montos para subsidios y créditos para compra, la estrategia de formalización masiva y la restitución. Si bien el Gobierno Nacional está adelantando la licitación para llevar a cabo este proceso, será necesario agilizarlo y mantenerlo bajo parámetros de transparencia y eficacia
La conformación y dotación del Fondo de Tierras contemplado como parte de la Reforma Rural Transformadora: ¿cuántas hectáreas? ¿para cuántas familias campesinas? ¿en dónde? Si bien parte de estos interrogantes se surtirán con el sistema catastral, deben existir límites razonables fiscal y socialmente para dirimir estas cuestiones.
La política y los planes de lucha contra la corrupción, que están vagamente expresados en los acuerdos pero que son cruciales para la eficacia del proceso y la confianza en el mismo, y que permitirían que pendientes como las garantías para la oposición, el control ciudadano y la transparencia electoral, así como el control a lavado de activos, avancen de forma más decidida.
La aplicación de un Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, acorde con las necesidades del territorio, pertinente con las capacidades del mismo, y que sea una estrategia sostenible para generar oportunidades de ingresos y acceso a mercados a las familias campesinas involucradas en el negocio de la coca.
