Los que hacen política con la ley de tierras afectan el pilar de la paz: Pardo
Dijo que los procesos han sido vigilados por el Gobierno, los jueces y la Procuraduría y que no se están restituyendo predios a los guerrilleros.
El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, aseguró que los que están usando la ley de restitución de tierras para hacer política, están afectando la construcción de la paz en el país.
Aseguró que esta es una norma base para la reconciliación en el país, teniendo en cuenta que está regresando la propiedad a muchas familias fueron expulsadas por los grupos armados en Colombia.
Por esto rechazó los señalamientos que se están haciendo sobre el proceso, afirmando que “decir que se está restituyendo tierras a guerrilleros es simplemente oponerse a la paz”.
“Es usar una norma que ha sido muy efectiva y cuidadosamente ejecutada para oponerse a la paz, eso no es cierto, quien hace política con eso, no merece un comentario mío, distinto a que se está haciendo política con una ley muy seria y es la base de la paz y la reconciliación en Colombia”, dijo el ministro.
Recordó que los procesos de restitución tienen varios filtros y controles, pasan por un proceso administrativo serio y planeado, un juez decide, además la Procuraduría constituye una de las partes que garantizan la transparencia y efectividad de cada uno de los casos que se analiza de forma individual.
Resaltó que la Procuraduría conoce uno por uno los procesos, es parte del proceso, “después de un procedimiento en el que se toman versiones y se miran todas su características, se pasa a un juez de restitución que vuelve a hacer ese examen y ahí la Procuraduría es parte del proceso”.
“Entonces, esto no es un tema de hacer eventos en estadios, ni eventos a grito herido porque la Procuraduría es parte del proceso y conoce a todas y cada una de las personas que están haciendo esos procesos de solicitud de restitución”, enfatizó el ministro Pardo.
El ministro recordó que esta ley se construyó con el consenso nacional de los diferentes partidos políticos del país, que aprobaron una norma que ha permitido la restitución de 200.000 hectáreas en alrededor de 50.000 procesos, beneficiando a un gran número de familias colombianas afectadas por el conflicto.