Amnistía Internacional advierte amenaza global contra los derechos humanos

La protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse, por campañas nacionales de seguridad que resultan un asalto contra los derechos y libertades fundamentales, sostiene Amnistía Internacional en la presentación de su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.

“Tus derechos peligran: son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

Agrega que “millones de personas sufren terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los 'valores' nacionales.”

Amnistía Internacional advierte de una tendencia al debilitamiento de los derechos humanos, fruto de la acción deliberada de gobiernos para atacar, abandonar o no financiar las instituciones creadas para ayudarnos a proteger nuestros derechos.

“No sólo peligran nuestros derechos, sino también las leyes y el sistema que los protegen. Más de 70 años de duro esfuerzo y avances en materia de derechos humanos están en la cuerda floja”, ha dicho Salil Shetty.

Gobiernos que intentan eludir el escrutinio de sus historiales nacionales están socavando los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y mecanismos regionales como el Consejo de Europa y el sistema interamericano de derechos humanos.

El informe documenta el número de gobiernos que en 2015 han infringido el derecho internacional en su ámbito nacional: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y 29 o más obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. En al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.

“La desacertada reacción de muchos gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional ha consistido en reprimir a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, así como en descarados intentos de hacer de los derechos humanos un insulto, al presentarlos como contrarios a la seguridad nacional, el orden público y los 'valores nacionales' han llegado incluso a violar su propia legislación de esta manera”, ha afirmado Salil Shetty.

“La ONU fue creada para 'preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra' y para 'reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre', pero es más vulnerable que nunca a los enormes desafíos”, ha manifestado Salil Shetty.

Muchos gobiernos han impedido a propósito que actúe la ONU para evitar atrocidades masivas o para obligar a rendir cuentas a los autores de esas atrocidades, y han desoído o despreciado sus recomendaciones destinadas a mejorar la situación nacional de los derechos humanos.

El conflicto sirio es un terrible ejemplo de las catastróficas consecuencias del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos y el derecho internacional y para garantizar la rendición de cuentas.

Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos económicos, sociales, políticos y civiles en 2015 en muchos países:

· Venezuela: La continua falta de justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos y los constantes ataques contra quienes defienden los derechos humanos, y su constante denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, después de haberse retirado de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privando así de acceso a la justicia a las víctimas de estos abusos.

· México: Su grave historial de abusos contra los derechos humanos, incluida la desaparición de 27.000 personas, y su dura respuesta a las críticas de la ONU en relación con el uso generalizado de la tortura, permitiendo la impunidad casi total pese al aumento de las denuncias.

· Angola: Usar la legislación sobre difamación y relativa a la seguridad del Estado para hostigar, detener y recluir a quienes expresan pacíficamente sus opiniones, y asimismo desdeñar públicamente las recomendaciones de la ONU sobre su historial en materia de derechos.

· Arabia Saudí: Su represión brutal de quienes se atrevían a defender reformas o criticar a las autoridades, y los crímenes de guerra que cometió en su campaña de bombardeos sobre Yemen mientras obstruía el establecimiento de una investigación dirigida por la ONU sobre los abusos cometidos por todos los bandos del conflicto.

· Burundi: Los homicidios sistemáticos y otras tácticas violentas generalizadas de las fuerzas de seguridad, y sus intentos de reprimir a la comunidad que defiende los derechos humanos en el país.

· China: La represión creciente ejercida contra quienes defienden los derechos humanos y un conjunto de leyes abusivas en nombre de la “seguridad nacional”.

· Egipto: La detención de miles –incluidas personas que ejercían la crítica de manera pacífica– en una despiadada campaña de represión en nombre de la seguridad nacional, la reclusión prolongada de cientos sin cargos ni juicio, y las condenas de muerte impuestas a cientos más.

· Eslovaquia: La persistencia de la discriminación generalizada de la comunidad romaní –a pesar de los esfuerzos realizados durante años por grupos nacionales y regionales–, que ha llevado a la Comisión Europea a abrir procedimientos de infracción contra el país.

· Estados Unidos: Que siga funcionando el centro de detención de Guantánamo, ejemplo de las graves consecuencias de su ¨guerra contra el terror”, y que no hayan sido procesados los responsables de torturas y desapariciones forzadas.

· Gambia: Las torturas y desapariciones forzadas y la criminalización de las personas LGBTI, así como su rotunda negativa a cooperar con los mecanismos de derechos humanos regionales y de la ONU en asuntos relativos a la libertad de expresión, la desaparición forzada y la pena de muerte.

· Hungría: El cierre hermético de sus fronteras a los miles de personas refugiadas en situación de grave necesidad, y la obstrucción de las iniciativas colectivas en la región para ayudar a estas personas.

· Israel: El mantenimiento del bloqueo militar de Gaza y, por tanto, el castigo colectivo impuesto a sus 1,8 millones de habitantes, así como no haber cumplido –como tampoco ha hecho Palestina– la petición de la ONU de llevar a cabo investigaciones creíbles sobre los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Gaza en 2014.

· Kenia: Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la discriminación de las personas refugiadas en sus operaciones antiterroristas, y los intentos de debilitar la Corte Penal Internacional y su capacidad para hacer justicia.

· Pakistán: Las graves deficiencias en materia de derechos humanos de su respuesta a la horrenda matanza de la escuela de Peshawar, incluido el uso implacable de la pena capital, y de su política sobre las ONG internacionales, que concede a las autoridades el poder de controlarlas y cerrarlas si se considera que van “contra los intereses” del país.

· Reino Unido: El persistente uso de la vigilancia masiva en nombre de la lucha contra el terrorismo, y sus regresivos intentos de eludir la supervisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

· Rusia: Su uso represivo de una legislación nacional imprecisa en materia de seguridad y contra el extremismo y sus intentos concertados de silenciar a la sociedad civil; su vergonzosa negativa a reconocer los homicidios de civiles en Siria, y sus insensibles iniciativas para bloquear la acción del Consejo de Seguridad sobre Siria.

· Siria: La muerte de miles de civiles en ataques directos e indiscriminados con bombas de barril y otro armamento, y mediante actos de tortura bajo custodia; y el sometimiento de zonas civiles a prolongados asedios, impidiendo la llegada de ayuda humanitaria internacional a civiles hambrientos.

· Tailandia: La detención de disidentes pacíficos por actividades como representar obras teatrales, publicar comentarios en Facebook y mostrar grafitis, y el caso omiso de las autoridades militares a los llamamientos internacionales para que no amplíen sus propias atribuciones que les permiten imponer excesivas restricciones a los derechos y silenciar la disidencia en nombre de la “seguridad”.