Lista la política para perseguir a bandas criminales
Habrá uso de armas letales, bombardeos, interceptación de comunicaciones y unificación de facultades de policía judicial y de bases de datos públicas y privadas.
(Colprensa)
El gobierno nacional ultima los detalles de los lineamientos que tendrá la política pública de lucha contra las bandas criminales, que serán perseguidas con la misma fiereza que lo fueron grupos guerrilleros como las Farc y el ELN.
Con este nuevo marco jurídico, que contó con un diseño inicial por parte del fiscal Eduardo Montealegre, se entregan herramientas a la fuerza pública para que inicie una cacería contra el llamado Clan Úsuga y su cabecilla alias Otoniel; las Erpac (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia), que operan en los llanos orientales; y el reducto del EPL que sigue traficando en la zona del Catatumbo, controlada hasta hace unos meses por el abatido alias Megateo.
Básicamente son dos líneas en las que trabaja el gobierno. La primera, tiene que ver con las directrices del presidente para aprobar bombardeos e incluso el uso de armas letales para grupos que presenten un umbral mínimo de hostilidades, que tengan un control territorial, estén organizadas jerárquicamente y tengan un poder de confrontación.
La segunda, tiene que ver con la presentación de un proyecto de ley que autorice una reforma a la ley de inteligencia y se permita la afectación de derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data, para evitar demoras en la aprobación por parte de los jueces de interceptación de comunicaciones o consultas selectivas de información en bases de datos.
Para perseguir a las bacrim se concentrarán las facultades de policía judicial, que actualmente están en cabeza de 30 entidades, entre ellas, la fiscalía, la contraloría, la procuraduría, algunas superintendencias y la policía. Así mismo, se unificarán las bases de datos del Estado y algunas privadas, como las que manejan, por ejemplo, las Cámaras de Comercio o la Asobancaria.
La Fiscalía propuso que a través de un mapeo se pueda hacer seguimiento a la inversión de los recursos públicos, que estarían siendo desviados para financiar las bandas criminales a través de contratos ficticios.
Aunque en 2015 hubo una persecución a fondo contra las bacrim, la atomización de esa política en cabeza de varias entidades hizo que pese a la captura de 8.606 personas, el fenómeno no se redujera.
Este esquema macro de lucha contra las bacrim podría quedar bajo la tutela de un oficial de la policía. En la mesa están para estudio varias hojas de vida, con un perfil definido: trabajo en inteligencia y acciones contra el narcotráfico.
