Gobierno busca recompensas y garantías laborales para delatores de corrupción

El Gobierno Nacional tiene listo un proyecto de ley que reglamentará la entrega de las recompensas para quienes denuncien la corrupción, pero además establece una serie de medidas para que estas personas conserven su trabajo y no sean víctimas de acoso o de presiones, al igual que brindaría protección para ellos y sus familias de ser necesario.

Según explicó el secretario de Transparencia de la Presidencia y quien lidera el proyecto, la recompensa consistiría en entregar un porcentaje del valor recuperado "a través de un proceso de extinción de dominio a la persona que haya denunciado los hechos ilícitos que hayan permitido la recuperación de esos activos".

"Eso tiene que reglamentarse de mejor manera, darse una seguridad jurídica plena a quienes reportan este tipo de casos para que sepan que van a recibir las recompensas y que ese incentivo sea un incentivo real y no un saludo a la bandera como podría ocurrir si no reglamentamos bien la materia", precisó Enciso.

Frente a los temas de seguridad y garantías laborales, recordó en el país muchas veces lo denunciantes terminan sufriendo consecuencias negativas como retaliaciones "por el cumplimiento de ese deber legal y constitucional".

"Lo que estamos buscando es garantizar que cualquier ciudadano, cualquier colombiano o cualquier funcionario pública pueda denunciar un acto de corrupción del que tenga conocimiento, sin temor alguno a sufrir alguna retaliación en el ámbito laboral o frente a su integridad personal o que pueda poner en riesgo su vida o la vida de su familia o la integridad de sus allegados", precisó el secretario de Transparencia.

Así mismo cuenta con un componente para las empresas privadas, con el objetivo de que puedan denunciar a los funcionarios corruptos, sin temor a las represalias de las entidades públicas.

"Estamos buscando también incluir algunas normas que son innovadoras, como las normas que le apuntan a garantizar la protección de las personas jurídicas por las denuncias de actos de corrupción", manifestó desde la Presidencia.

Según Enciso en muchas oportunidades, "las empresas se abstienen de denunciar porque tienen temor de la reacción que pueda tener el Estado o alguna agencia que contrata sus servicios por las denuncias que están presentando".

De manera que el proyecto establece dos frentes, uno relacionado con la protección de la integridad de los denunciantes, con medidas como las que apuntan a proteger la identidad y el anonimato de las personas.

En el plano de las personas jurídicas, "lo que se busca es que no haya afectación grave de las actividades comerciales de las compañías que a veces son víctimas por parte de funcionarios corruptos, al solicitarles dádivas o coimas".

La nueva ley además de fortalecer la lucha contra la corrupción, permitirá cumplir recomendaciones entregadas al país por la OCDE.