Será para el 27 de noviembre que el alcalde saliente de Bogotá, Gustavo Petro, tendrá que asistir al búnker de la Fiscalía a una citación a interrogatorio por las irregularidades en los contratos para la compra de las 100 motos eléctricas para el servicio de vigilancia de la ciudad.

Perro tendrá que explicar si hubo o no falta de transparencia en la selección de la compañía distribuidora de las motocicletas que eran destinadas a la Policía Metropolitana. La adquisición de los vehículos tuvo un costo mayor a los tres mil millones de pesos.

Esta investigación inicio contra el Fondo de Vigilancia y Seguridad por los delitos de contrato si cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado.

Un informe de la Contraloría revela que el Fondo de Vigilancia no firmó un contrato que garantizará el control y mantenimiento de los vehículos, por eso casi el 64 por ciento de las motos está deteriorado y no sirven para las labores de vigilancia.