Un abogado es el testigo del caso de soborno contra el exgobernador Álvaro Cruz

La muerte política del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, vino de la mano de un abogado de 43 años que promocionaba y fijaba las tarifas de sus servicios, por “las influencias”, que según él, tenía en la Fiscalía.

La fama de este abogado llegó a oídos del mandatario, quien desde el mismo momento de ser elegido debió sortear el fantasma del proceso del carrusel del contratos en Bogotá, en donde los testigos de la fiscalía Manuel Sánchez, Iván Hernández y los concejales Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado lo señalaron de haber pagado coimas para que la empresa de su familia ICM obtuviera contratos con la Unidad de Mantenimiento Vial.

El dinero le fue enviado al abogado Augusto Ramírez Cuéllar por intermedio del procurador Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, para la época novio de Irma Rozo, Procuradora Judicial en Villavicencio y hermana de la esposa de Cruz, Luz Zoraida Rozo.

En una conversación informal el abogado dijo en la Fiscalía que hace algún tiempo se había pagado $2.000 millones de pesos para que “no le pisaran la cola” al gobernador Cruz.

La historia llegó a oídos del vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, quien coincidencialmente conocía a Ramírez Cuéllar desde la época de colegio, hace 25 años. Después de frentearlo y pedirle una declaración bajo la gravedad del juramento, el abogado “con muchas influencias” contó todo.

Existe una grabación de una conversación en la que el entonces gobernador Cruz y su esposa la reconocida profesora Zoraida Rozo se preguntan por qué la Fiscalía “quiere joderlo” si ya les habían enviado $2.000 millones de pesos.

De inmediato los investigadores informaron al vicefiscal Perdomo y a Juan Vicente Valbuena, el hombre que coordina el proceso madre por el carrusel de los contratos en Bogotá, quienes de inmediato dieron la orden de investigar la versión del abogado y las cuentas del procurador Jovel Muñoz.

Descubrieron que los dos paisanos recientemente habían adquirido propiedades en común, como una casa que adquirieron en Neiva por $230 millones de pesos.

Jovel Muñoz también había adquirido una camioneta Audi Q7, de más de $180 millones, un mini cooper y tiquetes de viaje a Europa, entre otros bienes, que su salario de $8 millones como Procurador Judicial Administrativo no le permite justificar.

Con todas estas evidencias el pasado martes la fiscalía le dio una última oportunidad a Álvaro Cruz para que dijera la verdad y pudieran consolidar el acuerdo de colaboración con la justicia, en el que trabajaban con su defensa luego que renunciara al cargo de gobernador.

Una vez más Cruz respondió con un no rotundo a la pregunta de la fiscalía de si había pagado un soborno para buscar beneficios en el ente investigador. Le volvieron al preguntar con la advertencia de que el acuerdo de colaboración estaba en riesgo y Cruz volvió a decir que no.

En ese momento la fiscalía dio por terminado cualquier acercamiento y solicitó audiencia ante una Juez del complejo Judicial de Paloquemao al que presentó las pruebas necesarias para que fuera ordenada la captura del exgobernador y del procurador Jovel Muñoz.

El “influente” abogado llegó a un acuerdo con la fiscalía y será testigo en el proceso.

La captura

Pasadas las cuatro de la tarde el jueves 1 de octubre miembros de la fiscalía se presentaron en la casa de la familia Cruz Rozo para hacer efectiva la orden de captura. Los atendió la esposa del exmandatario quien les indicó que éste había salido pero que no tardaría más de media hora.

Como el tiempo pasaba, los investigadores se comunicaron vía celular con los agentes de la policía que sirven de escolta a Cruz, a quienes les preguntaron por la ubicación. Ellos respondieron que estaban en la 85 con 11, muy cerca al exclusivo Centro Andino.

Al consultarles si estaban cerca del exgobernador los uniformados dijeron que al lado, a menos de 60 metros. En ese momento los investigadores de la fiscalía les pidieron que hicieran efectiva la orden de captura, pero la comunicación coincidencialmente se interrumpió. Los escoltas decían que no escuchaban, la llamada se cayó y así pasaron varios minutos.

Cuando finalmente pudieron volver a hablar vía celular, los escoltas le dijeron a la Fiscalía que el gobernador había ingresado a un restaurante. Les pidieron que ingresaran al lugar para detenerlo pero el político ya no se encontraba allí. Al sitio llegaron los investigadores de la fiscalía quienes encontraron en poder de los uniformados las llaves del vehículo en el que se transportaba Cruz.

Para la Fiscalía los uniformados obstruyeron la acción de la justicia por lo que serán investigados. El malestar del ente investigador le fue expresado al propio director de la institución, general Rodolfo Palomino.

Fuentes cercanas a Cruz aseguran que la noche del jueves él se encontraba en su finca de Guatavita cuando fue informado de que la fiscalía lo buscaba, por lo que de inmediato decidió presentarse. Llegó al bunker de la fiscalía al filo de la medianoche y quedó recluido en una de las celdas donde también permanecen detenidos otros procesados por el carrusel de contratos.

En la mañana de este viernes la Fiscalía capturó al procurador Ulpiano Jovel y ordenó el embargo de sus bienes que serán sometidos a extinción de dominio.

La Fiscalía indicó que a la esposa del exgobernador, Luz Zoraida Rozo, se le imputará el delito de cohecho por dar u ofrecer, porque las pruebas la vinculan con el pago del soborno al Procurador Hernán Jovel Muñoz.