​Reclamantes de tierra rechazan posible suspensión de restituciones
El gobierno nacional prepara resolución para suspender la restitución a quienes ocupen terrenos reclamados ilegalmente.
Las familias ocupantes de la finca Montealegre en el municipio de Turbo, en la zona de Urabá, rechazaron el anuncio de la Superintendencia de Notariado de que pedirá la suspensión del proceso de restitución de tierras a familias que ocupen ilegalmente las propiedades en reclamación
Laureano Gómez, uno de los 500 ocupantes, aseguró que esta medida beneficia a los terratenientes y no a las familias que sufrieron el despojo de sus tierras y que hoy están sumidos en graves dificultades económicas
“El gobierno colombiano está manipulado por los terratenientes, porque entre los políticos hay personas que tienen terrenos mal habidos en el Urabá antioqueño. Nosotros nos vamos a mantener en el lugar, el gobierno nos tiene que devolver las tierras”, enfatizó el reclamante
El señor Gómez consideró que tienen todos los derechos para estar en el lugar, porque ellos fueron amenazados y obligados a vender sus terrenos a bajos precios, y hoy esos predios tienen un alto valor mientras sus familias viven en la pobreza
“Un día cualquiera de 1996, llegó un grupo de gente armada a mi casa diciendo que necesitaban esa tierra, me amenazaron y luego les vendí la tierra por el precio que a ellos les dio la gana. A mí me dieron 18 millones de pesos por 55 hectáreas, eso fue forzado. Ya yo soy una persona de 77 años, a poco tiempo de morir, aguantando hambre, pero yo quiero mi tierra”, reiteró el señor Gómez en conversación con Caracol Radio
El director de la Fundación Forjando Futuro, Gerardo Vega Medina, sostuvo que en la zona de Urabá hay más de 150 mil hectáreas despojadas a campesinos y que los antiguos propietarios ante su necesidad y por la demora del proceso de restitución, decidieron ocupar los predios. “Las familias llevan 20 años esperando, aquí hay un desequilibro, porque los victimarios disfrutan hoy de las tierras mientras los campesinos están en pobreza absoluta. El gobierno debería incautar esas tierras, que un juez resuelva quien es el propietario, pero todos afuera”, agregó el señor Vega Medina, director de la fundación
El señor Vega además insistió que estas medidas benefician a los terratenientes y perjudica fuerte a los campesinos desplazados por la violencia.




