Las Fuerzas Militares en los acuerdos de paz en Centroamérica
Telescopio en la Paz.

La presencia hace unos días de altos mandos militares colombianos en la mesa de negociación de La Habana señala uno de los temas más sensibles y críticos del proceso de paz por las posibles implicaciones que cualquier acuerdo tenga sobre institución armada
En innumerables procesos de paz que se han llevado a cabo a lo largo y ancho del planeta desde el final de la guerra fría entre Estados y actores no estatales, el tema de las Fuerzas Armadas ha ocupado un lugar central, siendo muy variadas las opciones que se ventilan desde un “borrón y cuenta nueva”, en el que se refunda de cero la institución armada del Estado, la creación de zonas que quedan en poder exclusivo de los otrora insurgentes, la fusión de unidades de una y otra fuerzas, hasta simples cambios cosméticos. Durante la segunda mitad del siglo pasado el cono norte de Centroamérica estuvo plagado de represivas dictaduras militares apoyadas por la doctrina de seguridad nacional de Washington que enfrentaron insurgencias armadas. En Nicaragua los Sandinistas derrocaron la larga dictadura de la dinastía Somoza mientras que en Guatemala y El Salvador se lograron acuerdos de paz entre las partes que han sido mencionados como modelo aunque cada proceso de paz es realmente único
Entre las variables determinantes al momento de negociar el tema de las Fuerzas Armadas se toma en cuenta el estado del conflicto en el terreno y la legitimidad y apoyo popular del que gozan las partes. En El Salvador había un equilibrio de fuerzas, el Frente Farabundo Martí –FMLN-, que contaba con amplio apoyo y legitimidad, controlaba medio país, la guerra había llegado a un estancamiento de posiciones y las Fuerzas Armadas estaban altamente desprestigiadas por crasas violaciones a los derechos humanos. En Guatemala la situación fue muy diferente. Los varios grupos insurgentes que se habían levantado en armas contra el sistema no mantuvieron una continuidad en la lucha, sufrieron duros golpes de manos de las fuerzas armadas, no lograron conectarse con la población y hubo largos periodos donde sus operaciones se redujeron a secuestros y actos de sabotaje
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- movimiento que eventualmente negocio la paz con el Gobierno de Álvaro Arzú, era una organización techo de cuatro movimientos guerrilleros que esbozaban agendas y objetivos disimiles, unos protección de los indígenas, otros de los recursos naturales, otros más revolucionarios castristas, y nunca llegó a tener control territorial estable como ocurrió en El Salvador. Las Fuerzas Armadas guatemaltecas por su parte habían cometido indescriptibles crímenes de guerra y de lesa humanidad incluyendo masacres de poblaciones enteras, las cuales tiene al expresidente Efraín Rios Montt entre las cuerdas hasta el día de hoy
Por lo anterior el tema de las Fuerzas Armadas en los procesos de paz tuvo una muy diferente evolución en El Salvador y en Guatemala
En los acuerdos de Chapultepec (1992) que pusieron fin a la guerra civil de El Salvador, el tema de las FFAA está incluido en 14 puntos que abarcan la doctrina militar, educación y entrenamiento, purgas, reducción de la Fuerza, fin de la impunidad, sumisión a la autoridad civil, verificación internacional y reforma constitucional sobre el rol de las FFAA. (Viviana García Pinzón: “Reformas al sector Seguridad en Centroamérica…”). Las reformas tomaron en cuenta el hecho que según la Comisión de la Verdad, el 95 % de las violaciones a los derechos humanos habían sido cometidos por el Ejército y sólo el 5 % por el FMLN (Ibid)
En términos prácticos las medidas tomadas fueron: purga de 76 militares acusados de violaciones de DDHH, reducción del Ejército en un 50 %, disolución de la temible Dirección Nacional de Inteligencia y en su defecto creación de una agencia civil que reporta al presidente, desmovilización de varias brigadas y de todas las fuerzas policiales y la creación de una nueva Policía Nacional Civil desplegada en todo el territorio nacional y la cual debía incluir un 20 % de guerrilleros, 20 % de militares y 60 % de nuevos reclutas dentro de la población civil que no había sido combatiente. Exguerrilleros ya han llegado al comando de esta fuerza. El FMLN se convirtió en un partido político y un exguerrillero, Salvador Sánchez Cerén ocupa actualmente la presidencia de la nación tras su victoria en las elecciones de 2013. En Guatemala el proceso de paz se extendió durante cinco años, entre 1991 y 1996, en los cuales se firmaron 12 acuerdos. Las Fuerzas Armadas no sufrieron mayores cambios en su estructura, quizás debido a que su situación militar no era tan precaria como en El Salvador, por lo que los cambios se redujeron a la doctrina y a las funciones: defender la soberanía y la integridad territorial, únicamente (Ibid). No hubo mayores purgas ni reducción de tamaño pero se desmovilizaron de manera inmediata las fuerzas paramilitares y de apoyo que habían sido creadas por la misma institución armada. Al igual que en El Salvador, la Inteligencia pasa a ser de carácter civil controlada por el Gobierno
El proceso de paz colombiano tendrá su propia negociación en lo referente a las Fuerzas Armadas del Estado, la que tendrá que considerar entre otras, la situación militar en el terreno ampliamente favorable al Estado, el desprestigio de la guerrilla por las atrocidades, secuestros y participación en el narcotráfico, la sustancial mejoría en los últimos años en el record de Derechos Humanos de las FFAA colombianas y el prestigio del que estas gozan en la opinión pública. En otras palabras, la guerrilla llega con un par de doces y las FFAA con un póker de ases.



