Choque de trenes entre contralor y presidenta del Consejo de Estado

El Contralor General, Edgardo Maya Villazón, en carta a la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, ponente de un fallo de tutela que llevó al ente de control a abandonar las oficinas en el edificio Gran Estación, cuestionó la entrevista que la magistrada concedió a un medio de información y aseguró que las declaraciones eran desacertadas y trataban temas que no eran de su competencia

En primer lugar Maya cuestiona que la presidenta del Consejo de Estado asegure que el fallo de tutela le había lanzado un “salvavidas” a la Contraloría

“Así las cosas, considero desacertado que Ud., como Presidente del Consejo de Estado, ponente del fallo de tutela al que me refiero, afirme que esa Corporación le lanzó un "...salvavidas..." al jefe del ente de control fiscal, al darle vía libre para que suscribiera la prórroga del contrato, lo cual por lo demás no quedó consignado en la parte resolutiva de la decisión, por cuanto las determinaciones del juez constitucional deben estar orientadas inequívocamente a proteger, de modo oportuno y urgente, los derechos fundamentales de quienes solicitan amparo de los mismos, acudiendo a la acción de tutela”, señala la carta

Maya censura que la presidenta del Consejo de Estado hable de un caos en la Contraloría y le recuerda que fue gracias a la gestión él hizo que hoy el ente de control despacha desde varias sedes, cumpliendo con sus funciones, incluida la expedición de certificados de responsabilidad fiscal. Según dijo, esto ha permitido un ahorro de mil millones de pesos

“Aunque no es de su competencia, Ud. señora Presidente en la entrevista concedida se pronuncia sobre la no procedencia de una acción penal al manifestar: "Había que ponderar entre el cumplimiento de la función constitucional de la Contraloría y una acción penal en su contra, para la cual no veo yo que se dieran los elementos", afirmación que extraña aún más, cuando al elaborar la ponencia que dio vía al fallo de tutela por el cual se negó nuestra solicitud de protección de derechos fundamentales, omitió cualquier alusión, consideración o análisis de los documentos remitidos a la Secretaría General del Consejo de Estado por la Fiscalía General de la Nación y radicados en ésta dos días antes de la fecha del fallo, los cuales dan cuenta de los avances en la formulación de acusación penal derivada del contrato de arrendamiento y del inicio de una indagación por lavado de activos”, insistió el Contralor

Maya le recuerda que por no haber tenido en cuenta estas pruebas, a su juicio, definitivas en el proceso fue que solicitó al pleno del Consejo de Estado la revisión del fallo de tutela

El Contralor también critica que la presidenta del Consejo de Estado defienda la claúsula del contrato que obligaba a la entidad a pagar $30.000 millones de pesos si daba fin al arriendo de las oficinas antes de 10 años

Censura que la magistrada califique de multa la imposición que trae el contrato de arriendo para sancionar a la contraloría sino entregaba las oficinas en obra negra. Eso, según Maya, no es otra cosa que una venta simulada de bienes.