Lista imputación de cargos contra exfuncionarios de Movilidad de Bogotá
Se trata de Rafael Eduardo Rodríguez Zambrano, William Quintero Duque y Alexander Rincón Endez.
Se trata de Rafael Eduardo Rodríguez Zambrano, exsecretario de movilidad de Bogotá, William Quintero Duque, subdirector administrativo de la Secretaría de Movilidad y Alexander Rincón Endez, asesor de despacho del sectario
Habrían cometido varias irregularidades al momento de permitir una prórroga de seis años a un contrato que aún no había vencido con la empresa Servicios Integrales para la Movilidad (SIM), encargada de la renovación de las licencias de conducción en la ciudad
La denuncia fue rebelada por dos concejales: Sandra Jaramillo y Antonio Sanguino, quienes afirmaron que el contrato que tuvo un valor de 180.000 millones de pesos y una adición de 130.000 millones de pesos. Según los concejales la adición sería ilegal, debido a que esta no puede hacerse por más del 50 por ciento del valor original del contrato
En la denuncia también se expresa claramente, que en principio el contrato tenía como objetivo la prestación del servicio que busca la renovación de las licencias de conducción de los bogotanos, sin embargo, la adición se justificaría con la construcción de una bodega para almacenar documentos
Por otra parte, existe otra investigación que trata aparentes irregularidades en la cesión del contrato de grúas y patios a la unión temporal colombo-argentina -Segrup – la cual al parecer está relacionada con el polémico grupo Nule. Quienes ya fueron destituidos por la Procuraduria
Por este escándalo Rafael Eduardo Rodríguez Zambrano, exsecretario de movilidad de Bogotá tuvo que renunciar a su cargo y la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 13 años
Mientras que a William Quintero Duque y Alexánder Rincón Endes, subdirector administrativo y asesor de la Secretaría Distrital de Movilidad, respectivamente, fueron destituidos e inhabilitados por 10 años
En todos los casos el órgano de control dijo que los exfuncionarios actuaron desconociendo los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal.
