La paz que puso en guerra al Fiscal y al Procurador

El 2014 fue el año del destape de los funcionarios públicos del país, muchos se 'descacharon' y también atinaron, sus opiniones los pusieron en las primeras páginas de todos los medios de comunicación del país o sus enfrentamientos fueron el centro de importantes debates. Y no era para menos, pues fue precisamente el proceso de paz el que puso en una especie de ring al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y al fiscal general, Eduardo Montealegre."¡El fiscal busca impunidad para las Farc!", dijo el procurador... "¡Su concepto de justicia es un concepto de justicia penal del siglo XVIII!", le respondió el fiscal a Ordóñez

Ambos han sido aplaudidos en algún momento por sus opiniones, pero también han sido criticados y abucheados. Por ejemplo, el fiscal ha sido un férreo defensor del proceso de paz, ha hecho propuestas calificadas como "exóticas", respaldó la posibilidad de que la guerrilla pague con penas alternativas (como trabajo social) sus actos ilegales; defiende la posibilidad de que el narcotráfico sea conexo con el delito político e incluso aprueba desde antes que los jefes guerrilleros puedan participar en política en una eventual firma de la paz

Estas posturas lo han hecho resurgir, pero también lo han puesto en el ojo de huracán de la opinión pública, pues lo critican por no ser un leal guardián de procedimiento penal y, en cambio, favorecer posiciones políticas

Mientras tanto, en la otra orilla, está Ordóñez, siempre listo para responder a cada declaración  que sobre el proceso de paz hace Montealegre. Claramente rechazó la propuesta de que las Farc no paguen ni un solo día de cárcel, siempre ha dicho que ningún  jefe guerrillero responsable de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra puede aspirar a cargos de elección popular y por estos días se enfrenta hasta con el presidente Juan Manuel Santos,  porque se abrió el debate de volver conexo el narcotráfico con el delito político

 Pero no solo el tema de la paz genera discordia entre estos dos funcionarios, sus decisiones en fallos redundan unas de otras. Un caso específico es el del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La Procuraduría General, en una decisión que puso al tope la capacidad de movilización en Bogotá, destituyó e inhabilitó por 15 años al mandatario por las irregularidades en la implementación del nuevo esquema de basuras en la capital, mientras que, por su parte, la Fiscalía, que investigó a Petro por esos mismos hechos, no encontró que se hubiera cometido algún delito  por lo que finalmente decidió absolverlo

 Y es que sus contradicciones quizá parten del hecho de que el procurador es muy afín al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y prueba de ello es que en algunos casos, por no decir que en la mayoría, el órgano de control ha pedido absolución a favor de los exfuncionarios del exmandatario que han sido investigados por la Fiscalía. Ese es el caso del exministro Andrés Felipe Arias, el ex secretario general de Presidente Bernardo Moreno a quienes el ente acusador quiere condenar pero la Procuraduría se ha opuesto rotundamente

Inclusive por estos días con el tema de la ex contralora Sandra Morelli queda confirmada la oposición de ambos órganos… La Fiscalía acusa a la exfuncionaria por supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la nueva sede de la entidad, incluso pidió que fuera cobijada con medida de aseguramiento. Al respecto, Ordóñez ha dicho que a Morelli quieren masacrarla y claramente se opuso a dicha medida de aseguramiento que finalmente no le fue impuesta.