Masacre en Falán, Tolima, es catalogada como de lesa humanidad

De acuerdo con el Consejo de Estado lo ocurrido en el municipio de Falán, Tolima, el 15 de septiembre del 2001, en donde 11 campesinos perdieron la vida a manos de grupos paramilitares, fue un acto de lesa humanidad, al explicar que se trató de un ataque sistemático, premeditado cuyo propósito era exterminar a los campesinos señalados por grupos paramilitares como auxiliadores de la guerrilla

Indica la corporación que esta masacre no solo afectó a las víctimas, sino a toda la sociedad civil, por lo que se ordenaron medidas de reparación no pecuniarias dirigidas a la sociedad en general

El hecho tuvo lugar cuando cerca de 20 personas armadas, miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, llegaron al corregimiento de Frías, ubicado en el Municipio de Falán, y abrieron fuego contra quienes se encontraban en dos establecimientos de comercio ubicados en la plaza principal de dicha población, registrándose la muerte de once campesinos

 Durante la investigación se comprobó la fuerte y habitual presencia de miembros de grupos armados insurgentes, de los grupos Farc o el  Eln, en el corregimiento de Frías, por lo que existía una estigmatización en la zona y aledaños como de dominio de grupos armados insurgentes.  Además el alto tribunal logró demostrar que la fuerza pública, Policía o Ejército Nacional, no hacía presencia permanente en el lugar. Por lo anterior la responsabilidad del Estado se configura por desconocer sus deberes de garantía y protección para con la población civil, entre ellos, ejecutar acciones positivas y, sobre todo, eficaces, para evitar escenarios de delincuencia generalizada por parte de actores armados al margen de la ley, existió una situación aún más grave: la connivencia delictual que existía entre las autoridades encargadas de prestar los servicios de seguridad, protección, mantenimiento del orden público e investigación criminal con los miembros del grupo que perpetró los homicidios masivos

“Finalmente, en el proceso se encuentran acreditadas las relaciones de cooperación y coordinación existentes entre los miembros del Frente Paramilitar Omar Isaza y diversas entidades públicas encargadas de la seguridad y protección, investigación de delitos e, inclusive, del gobierno municipal. Así, en el Acta de inspección judicial del CTI al Batallón Patriotas se consignó, en el acápite de “red de apoyo” del Frente Omar Isaza que los alcaldes de los municipios de Lérida y La Dorada “colaboran”, mientras que otras personas declararon la existencia de vínculos del grupo paramilitar con miembros de la Policía Nacional en Fresno y Palocabildo, con el comandante del DAS en Mariquita y algunos miembros del Ejército Nacional”, señala el fallo.